Las páginas web de ambas compañías no cumplen lo que dice la Ley de Acceso.
Aunque la Ley de Acceso a la Información, vigente desde mayo del 2004, obliga a las empresas estatales y a las que reciben fondos públicos a entregar datos sobre el destino de estos recursos, esta norma no se cumple en instituciones como Emelmanabí S.A. e Hidropaute S.A.
Esta Ley obliga, en su artículo 7, a que a través de las páginas web se actualicen este tipo de datos y otros como nómina de personal, pago de salarios, firma de contratos. Sin embargo, ni en www.emelmanabi.com.ec ni en www.hidropaute.com hay esta información.
En la primera, por ejemplo, existe un link llamado “información pública”, pero al ingresar ninguna de las secciones funciona: Organización interna, sueldos y beneficios, servicios, presupuestos, contratos, rendición de cuentas, responsable de la información, información reservada, pólizas de seguros y proveedores. Están en la página web, pero al intentar activarlos en todos aparece el mismo mensaje: “No existen registros en esta sección”.
Al hablar de este tema con el presidente de Emelmanabí, Washington Castillo, pide enviar una carta por cada uno de los temas que se quiere consultar. Este Diario solicitó primero los estatutos de la compañía.
Luego de varias llamadas y correos electrónicos, finalmente accedieron a entregar una semana después, aunque de por medio estuvo una cámara de video de la empresa filmando este acto. También se pidió por escrito el cobro de dietas y posibles viáticos de Vicente Véliz, gobernador de Manabí y, hasta marzo pasado, miembro del directorio de la empresa por el lapso de un año. Sin embargo, Castillo alegó que primero debía “consultar” si era posible entregarla y, según él, “seguir los procedimientos”.
Luego de entregar el pedido por escrito, este Diario regresó a las oficinas de Emelmanabí para acceder a la última información, pero Castillo ya no atendió y sus colaboradores dijeron que no podían dar los datos porque el funcionario “no sumilló” la solicitud.
Este Diario conoció que por asistir a una reunión de directorio, cada miembro cobra una dieta de $ 100. Véliz reconoció el monto, pero dijo no recordar cuánto había cobrado en total.
En Hidropaute la situación es similar, aunque su página web tiene más datos que la de EmelManabí, pero no completos o accesibles. En otros links de la Ley de Transparencia el acceso no es libre. En el apartado de concursos, por ejemplo, se piden códigos. En otros hay que tener usuario y clave de ingreso como datos de proveedores de la compañía, algo que según la Ley de Acceso debe ser público. Este Diario también solicitó información sobre el pago de dietas a Oswaldo Larriva, gobernador de Azuay y presidente del directorio de Hidropaute hasta la actualidad. Tanto Véliz como Larriva están impedidos, según la Ley, de ser integrantes de directorios administradores de compañías anónimas, como Emelmanabí e Hidropaute.
En los estatutos de ambas empresas se señala que los directorios cumplen funciones de administración y, según el art. 258 de la Ley de Compañías, solo pueden ocupar cargos de administradores quienes no incurran en las prohibiciones e incompatibilidades del apartado 7 del Código de Comercio, que impide a funcionarios públicos, entre ellos a gobernadores, acceder a estos puestos.
Es el mismo caso del gobernador del Guayas, Camilo Samán, quien además integra el directorio administrador de Pacifictel, otra compañía anónima. Entre ambos cargos, Samán llegó a recibir ingresos que superan los $ 8.000. Este Diario intentó registrar los ingresos de Véliz pero en Emelmanabí se negaron a dar esa información, pese a que –por ser fondos públicos dados a compañías anónimas– debían estar en la web, como sí ocurre con Pacifictel.
INGRESOS DE GOBERNADOR DE AZUAY
Resolución de accionistas
Se establece un honorario de $ 2.000 mensuales a los miembros del directorio de Hidropaute que no reciban remuneraciones del Estado o empresas del Fondo de Solidaridad, de ser así percibirán solo $ 500.
Dieta de responsabilidad
Se reconoce al presidente del directorio, Oswaldo Larriva, por el ejercicio de las responsabilidades el valor adicional de $ 500, por servicios a la empresa o dieta general de responsabilidad.
Ediciones Anteriores
