Los articulados se elaborarán esta semana en la mesa 4 sobre ordenamiento territorial.
Los habitantes de Galápagos deberán renunciar a algunos de los derechos que se consagrarán en la nueva Carta Magna para todos los ecuatorianos, debido a que viven en una zona que será administrada por el Estado bajo un régimen de gobierno especial.
Esa es la propuesta que presentan los asambleístas de Galápagos Alfredo Ortíz (RED) y Eduardo Sánchez (PAIS) para que se discuta en la mesa 4 de Ordenamiento Territorial, a la que le encargó para que esta semana deje listos los articulados sobre este tema.
Lo distinto con respecto a la Constitución vigente es que en la nueva Carta Magna se especificarán los derechos que los galapagueños deberán asumir. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito que abarca la prohibición de que un residente de las islas lleve a sus familiares del continente a vivir en el Archipiélago.
También deberán renunciar al derecho a desarrollar cualquier actividad económica o a trabajar libremente.
Ello implica restricciones a invertir fondos foráneos, ya que solo los residentes tendrán la potestad de hacer inversiones con dinero facilitado por entidades de crédito nacionales (bancos o cooperativas), según Ortiz.
También deberán limitarse, por mandato constitucional, a comer cualquier producto foráneo dentro de las islas. “Por ejemplo, no podemos introducir o comer conchas o cangrejos porque son especies que perjudican el ambiente y para evitar contratiempos o conflictos hace falta plasmarlo en la nueva Constitución”, refiere Wilfrido Matamoros, quien se dedica a actividades turísticas en la isla Santa Cruz.
Ortiz califica como un error lo ocurrido en 1998 cuando los asambleístas de ese entonces redactaron la Constitución sobre Galápagos, basándose en lo establecido en la Ley Especial de Galápagos, elaborada un año antes. “Ahora queremos hacer lo contrario que es sentar las bases en la nueva Carta Magna para después reformar o crear una nueva Ley. Lo que establece la actual es muy escueto, solo dice que debemos restringirnos de derechos pero sin especificar cuáles”, explica Ortiz.
Los constituyentes Sánchez y Ortiz, los dos únicos representantes de las islas en la Asamblea, impulsan varias reformas que las están proponiendo en un documento denominado Mandato de Galápagos.
Entre las principales se establece la creación de los Tribunales Especiales Ambientales que se encargarán de admitir y juzgar los delitos que atenten contra la protección del ecosistema del Archipiélago.
Además plantea el reemplazo del actual Instituto Nacional Galápagos (Ingala) con otro superior al que se ha llamado Consejo de Gobierno Especial, liderado por un gobernador electo por votación popular (lo que hoy sería el prefecto), los tres alcaldes de las islas, el director del Parque Nacional Galápagos, tres delegados de la Función Ejecutiva (ministerios) y tres representantes de las áreas de turismo, pesca y educación.
Con ello, el actual Ingala pasará a ser parte de este nuevo Consejo como una secretaría que se encargue exclusivamente de la planificación.
Especies
La Asamblea debatirá sobre la creación del Sistema de Inspección y Cuarentena de Galápagos para evitar que se introduzcan especies dañinas al ecosistema. Actualmente hay 1.200 especies introducidas al archipiélago.
Compensaciones
A cambio de la renuncia a algunos de los derechos de los galapagueños, se propone una compensación con el desarrollo de actividades turísticas que beneficien de forma exclusiva a los habitantes de las islas.
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