Aurelian, una empresa minera canadiense con operaciones en Ecuador, anunció que 360 trabajadores serán despedidos; Textiles Pinto anunció pocos días antes que no contratará trabajadores hasta ahora tercerizados; una subsidiaria de Porta eliminó varias decenas de puestos de trabajo en sus call centers. Dos informaciones adicionales de prensa me impactaron: la tasa de desempleo llegó al 6,87% en marzo, en un país que tiene al 54% de su PEA en una situación de subempleo; y, el número de ecuatorianos que aportan al seguro social español constituye el mayor contingente laboral inmigrante y alrededor del 1% de la fuerza laboral de ese país.

La Asamblea Nacional Constituyente dedicó sus plenarios estos días a aprobar un mandato relacionado con la eliminación de la tercerización y la precarización laboral, así como varios artículos sobre el tema del trabajo, que serán parte de nuestra nueva Constitución. Este será el homenaje que la Asamblea hizo a los trabajadores por el Día Internacional del Trabajo. No dudo de la buena voluntad y compromiso de asambleístas como Pedro de la Cruz, el presidente de la Mesa 6, en aprobar este mandato y artículos.

De hecho el espíritu de todos los nuevos artículos constitucionales expande la definición de trabajo y los derechos de los trabajadores. Son una declaración en contra de toda forma de discriminación a los trabajadores en razón a modalidad de trabajo, discapacidad, sexo u orientación sexual del trabajador, edad o etnia, al tiempo de consagrar el derecho a la organización de los trabajadores, a la negociación colectiva y al diálogo social. Prohíbe el trabajo infantil hasta los 15 años y obliga a regular el de los adolecentes. También elimina la tercerización y otras formas de precarización laboral y garantiza derechos a la seguridad social, a una remuneración justa y a un buen ambiente de trabajo.

Obviamente hay una contradicción enorme entre estos dos tipos de noticias, unas originadas en el mercado laboral y otra en el ámbito normativo. Algo parece andar mal en un país que se compromete a hacer respetar el derecho al trabajo y de los trabajadores y que simultáneamente es incapaz de generar empleo decente. Peor aún que parece exportar a miles de sus nacionales.

¿Qué es lo que está fallando? Me parece que es la ausencia de una estrategia nacional de empleo. No hay derechos del trabajador, sin trabajo, sea como asalariado de una empresa o por cuenta propia, con capacidad ambos de generar ingresos suficientes. Una persona desempleada o subempleada con ingresos insuficientes no podrá beneficiarse de ninguno de los derechos que la nueva Constitución quiere consagrar. Más aún esa persona se volverá candidata ideal al trabajo informal (sin derechos) o a la migración.

Una estrategia nacional de empleo está relacionada estrechamente con una de reactivación productiva. Un país que crece al 1,7% no genera ocupación. Ello necesita inversión en los diversos tipos de empresas en la agricultura, la industria, los servicios o el comercio.

Una estrategia de este tipo solo puede provenir de un enorme esfuerzo de concertación entre Gobierno, trabajadores y empresarios, la base misma del mundo del trabajo. Y de un compromiso de evaluar toda acción normativa o de política pública, desde el punto de vista de su implicación para el empleo.