Un sencillo ejemplo permitirá comprender el porqué de esta norma. En los últimos cinco años, diversos jueces dictaron orden de prisión contra al menos seis ex presidentes ejecutivos y nueve directores de Pacifictel. Supongamos que los gobernadores de ese momento hubiesen participado del ente administrador de la empresa telefónica: se habría producido un conflicto de intereses, puesto que la máxima autoridad política de la provincia habría tenido que procurar que se detenga a personas con las cuales compartió la responsabilidad en muchas de las decisiones que tomaron.

Aun así, ha salido a la luz que al menos tres gobernadores, en Guayas, Manabí y Azuay, participan  del directorio de empresas que, aunque son propiedad del Estado, están constituidas como compañías anónimas, obligadas a cumplir la ley citada.

La lucha contra la corrupción es un combate contra los que incumplen la ley. Parece sencillo decirlo; por lo visto es más difícil hacerlo realidad.