Referendo en Santa Cruz contrapone a quienes lo auspician y a adeptos de Carta Magna oficialista.
Santa Cruz acude hoy a las urnas para ratificar su estatuto de autonomía como parte de un proceso que persigue una “nueva Bolivia mediante un gran acuerdo nacional”.
El llamado se da entre dos visiones antagónicas: la que impulsan las élites de esta región, y la de los indígenas, base de apoyo al mandatario Evo Morales. Ayer la OEA demandó respeto a la integridad territorial, sin reprobar la consulta.
El presidente Rafael Correa habló ayer de intentos separatistas en Bolivia y otras regiones como Guayas.
Con el referendo autonómico en Santa Cruz, Bolivia enfrenta hoy una prueba decisiva para dos visiones distintas que buscan ajustar al país a nuevas realidades sociales, económicas y políticas, pero que pueden exacerbar las fracturas regionales en un país caracterizado por la inestabilidad política.
Santa Cruz, el departamento más próspero, busca dar poderes autonómicos al gobierno local para administrar sus recursos y controlar las decisiones político-administrativas.
Para el presidente Evo Morales, el referendo busca dividir al país y lo promueven los empresarios cruceños opuestos a las reformas sociales y económicas de la Constitución plurinacional que su gobierno propone para “refundar” Bolivia.
Los autonomistas reclaman el control y fiscalización de los hidrocarburos, impuestos y distribución de la tierra. En contraposición, el mandatario boliviano propone autonomías indígenas y reforma agraria.
“La autonomía es para los ricos, no para los pobres”, aseguró Regina, de 44 años, de ancestros kollas (indígenas) y acostumbrada a trabajar como modista doce horas diarias, los siete días de la semana, en un rudimentario puesto callejero, lo que le deja unos 4 dólares al día para el sustento de su familia.
En otro lado de la ciudad, en el centro de Santa Cruz, el primer círculo de los ocho en que se divide, los descendientes de inmigrantes europeos son la mayoría de la población, arrasa el sí al estatuto de autonomía.
“Morales es nada más un indigenista sindicalista y dirige el Gobierno como si fuera un sindicato”, afirma Llubo Sitic, de 24 años, egresado de Derecho.
Hay opiniones fatalistas, como la que anticipa el periódico paceño La Razón, que señala que el referendo de Santa Cruz sería el primer paso hacia la independencia de esa región oriental y al desmembramiento del Estado boliviano.
Otros son optimistas, como Carlos Toranzo, de la Fundación Ebhert, para quien “hay una hipótesis de 150 años sobre violencia y una posible secesión entre oriente y occidente desde que se creó la República, y no se ha dado”, al tiempo de negar una posible guerra civil.
La primera de cuatro
La consulta popular de hoy es la primera de cuatro referendos regionales por la autonomía, que continuarán entre el 4 de mayo y el 22 de junio, en los departamentos de Beni, Pando y Tarija.
El proyecto plantea constituir el “departamento autónomo de Santa Cruz”, una figura no prevista en la actual Constitución, que regula en cambio un Estado unitario, con gobierno nacional y prefecturas de atribuciones limitadas en nueve departamentos.
El referendo no es legal desde el punto de vista jurídico, pues no lo contempla la Constitución vigente y la mayoría de países y organismos internacionales no lo reconoce porque se organizó al margen del Congreso y la Corte Electoral, por eso no habrá ningún observador internacional. El proyecto oficialista de nueva Constitución sí reconoce autonomías para los departamentos, las provincias y los pueblos indígenas.
Entre las atribuciones “exclusivas” del gobierno autónomo están manejar políticas de tierras, tributos, telecomunicaciones, vivienda, transporte terrestre y ferrocarriles. El Gobierno Nacional cuestiona la intención de manejar la política de tierras, que bloquearía una “revolución agraria” ya iniciada que incluye la eliminación de latifundios y un reparto masivo de tierras entre indígenas y campesinos pobres.
El gobernador suscribe acuerdos internacionales y maneja la policía departamental.
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