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Inmigrantes legales, hasta que solicitaron la ciudadanía

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Pedro Servano y su mujer, Salvación, residentes que se enfrentan a la deportación, con sus hijos.
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Mayo 04, 2008

Por JULIA PRESTON | SELINSGROVE, Pensilvania

Pedro Servano siempre pensó que su viaje desde Filipinas, donde nació, hasta la vida de médico local en Pensilvania le llevaría a la ciudada nía estadounidense.

En cambio, este médico, que lleva más de una década atendiendo a pacientes en Selinsgrove, se enfrenta a una orden de deportación, al igual que su esposa.

Los Servano pertenecen a un grupo cada vez más numeroso de inmigrantes legales que solicitan la ciudadanía permanente únicamente para acabar cometiendo una falta contra unos estatutos de inmigración extremadamente técnicos que conllevan la grave pena de ser expulsados del país. Para los Servano, el problema ha sido un escollo legal en torno a su situación marital cuando vinieron de Filipinas hace unos 25 años.

Muchas de estas personas, a las que se pasa por alto en el encendido debate sobre inmigración ilegal, llevan mucho tiempo como inmigrantes legales en Estados Unidos y estaban seguros de conseguir la naturalización cuando la solicitaron, y habrían seguido viviendo legalmente en el país de no ser porque trataron de convertirse en ciudadanos.

A medida que se ha disparado el número de solicitudes de naturalización, los examinadores federales, sobrecargados y obligados a tomar decisiones rápidas y eliminar también cualquier riesgo de seguridad, prefieren errar por el lado de las denegaciones, según algunos abogados de inmigración e investigadores independientes.

En 2007, se denegaron 89.683 solicitudes de naturalización, es decir, cerca de 12% de las que se presentaron.

En los últimos 12 años, el número de rechazos ha sido siempre más elevados que en cualquier otra época desde los años veinte.

Aunque no hay cifras concretas disponibles, un número cada vez mayor de esas denegaciones afectan a inmigrantes que pensaban que su situación legal era buena.

De acuerdo con la ley, varias razones para la denegación de la naturalización pueden llevar a una orden de deportación, y las apelaciones están más limitadas que en los casos penales.

“No es de extrañar que haya tantos inmigrantes ilegales”, comenta Brad Darnell, un ingeniero eléctrico de Canadá que vive en California y que solicitó la ciudadanía, pero que ahora corre también el riesgo de ser deportado. “El método legal es muy intolerante y confuso”.

Darnell, inmigrante legal desde 1991, está casado con una estadounidense y tiene dos hijos estadounidenses de nacimiento, que poseen la ciudadanía. Tras presentar su solicitud de naturalización el año pasado, Darnell descubrió que una condena de hace 10 años por violencia machista contra una ex novia suya, aunque se había calificado como un delito menor y se había eliminado de sus antecedentes penales, lo incapacitaba para convertirse en ciudadano e incluso para seguir viviendo en Estados Unidos.

Desde 1996, cuando una revisión de la ley de inmigración intensificó por vez primera el escrutinio de las solicitudes de ciudadanía, se han rechazado al menos 85.000 naturalizaciones cada año.

El récord se batió el año 2000, en el que se denegaron 399.670 solicitudes, un tercio de todas las que se habían presentado, según un análisis del Migration Policy Institute, una organización de investigación no partidista.

Las tasas de denegaciones más recientes siguen siendo elevadas, pero han descendido de ese máximo porque hay más inmigrantes que se han preparado con clases cívicas y abogados expertos en inmigración antes de solicitar la ciudadanía.

Los responsables de inmigración aseguran que los rechazos han aumentado en la última década porque las solicitudes de naturalización están aumentando. Indican que las aprobaciones también están aumentando. “Siempre que vemos un periodo en el que muchas personas deciden solicitar la ciudadanía, suele haber un número más elevado de personas que no están preparadas o que puede que no cumplan los requisitos”, explica Chris Rhatigan, portavoz de los Servicios de Ciudadanía y Inmigración.

Servano lleva 25 años siendo inmigrante legal. A raíz de una protesta de los vecinos, los pacientes y los responsables locales, las autoridades del Departamento de Seguridad Interior suspendieron temporalmente en diciembre la deportación.


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