Con evasivas, la asambleísta María Augusta Calle (PAIS) enfrentó las acusaciones en su contra sobre una supuesta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante la semana se dirigió a la mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales para analizar las observaciones hechas a los artículos de relaciones y tratados internacionales.

Evadió a los fotógrafos y las entrevistas, aunque en el pleno del lunes pasado rechazó la versión sobre el depósito de dos mil dólares en su cuenta personal del Banco del Pichincha para cubrir gastos médicos de Gloria Marín, pareja del difunto vocero de las FARC, Raúl Reyes, e hija del líder de este grupo, Manuel Marulanda, según  el diario estadounidense  The Miami Herald.

También afirmó que recibe amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares que operan en Colombia en defensa de posturas derechistas. 

Los que sí defendieron a Calle fuera del plenario fueron sus coidearios de mesa, quienes también desvirtuaron las acusaciones. El asambleísta Paco Velasco (PAIS) dice que las investigaciones realizadas dejaron sin piso las pretensiones de Colombia sobre una supuesta vinculación del Gobierno  con grupos irregulares.

Los integrantes del bloque PAIS acordaron en una de sus reuniones emitir un comunicado de respaldo a Calle, en el que incluirán a futuros miembros del movimiento oficialista que pudieran verse involucrados en este tipo de acusaciones.

El argumento no convence a SP, cuyos integrantes proseguirán con las indagaciones iniciadas la semana pasada, cuando dos de sus asambleístas (Fausto Lupera y Gilmar Gutiérrez) viajaron a Colombia y EE.UU. para recopilar las aparentes pruebas de la  vinculación.