Las condiciones de ingreso al país de las dos jóvenes y sus datos personales se desconocen aún.

La situación legal de las dos colombianas sobrevivientes del ataque del ejército colombiano a una base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el  1 de marzo en Angostura (Sucumbíos), es contradictoria y no está clara.

Doris Bohórquez y Martha Pérez, desde su rescate el 3 de marzo, fueron representadas legalmente por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu).

Según la organización, las dos jóvenes de 21 y 24 años fueron secuestradas por las FARC, aunque el gobierno colombiano las considera integrantes del grupo guerrillero.

“Eran personal de servicio doméstico forzoso, así se podría calificar, y en esa condición temen genuinamente por su libertad y por sus vidas, si fueran llevadas a Colombia serían sometidas a cualquier tipo de arbitrio por parte de la fuerza pública colombiana y aparte temen por las FARC, temen de todo”, advirtió Juan de Dios Parra a inicios de marzo pasado.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación las adoptó como testigos protegidos y les abrió una investigación, sin que hasta el momento existan certezas de su participación en el campamento guerrillero.

Pero no solo en lo legal existen dudas, sino en el aspecto migratorio.

Las gestiones para la salida del país de las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez empezaron en el más absoluto hermetismo.

La Cancillería recibió un comunicado de la Aldhu hace una semana, dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, donde se le solicita entregar todas las facilidades para que las jóvenes puedan abandonar el Ecuador.

Una fuente del Ministerio aseguró que en el documento consta la información de que la Aldhu ya presentó solicitud de refugio en varios países, incluido Nicaragua, donde los trámites estarían más avanzados.

El presidente Daniel Ortega ofreció  refugio a Bohórquez y Pérez, tal como lo hizo con la mexicana Lucía Morett, otra de las sobrevivientes del ataque.

Con la solicitud de refugio, realizada por la Aldhu, las colombianas regularizan su situación, pese a que las condiciones como ingresaron al país y sus datos personales se desconocen. “Ellas pueden salir del país.
En estos casos  el país de su procedencia les entrega un salvoconducto, pero no creo que Colombia les dé ese documento”, dijo un  funcionario de la Oficina de Refugiados.

Por ello, Pamela Dávila, vocera de la Aldhu, frente a la pregunta de quién les dará sus respectivas identificaciones para que salgan del país, respondió: “El Gobierno ecuatoriano les dará las identificaciones”.

Pero ¿qué entidad les proporcionará esas identificaciones? Dávila respondió que esa información aún no la pueden dar.

Por el momento el pedido de refugio a la Cancillería está paralizado debido a que la Fiscalía no autoriza a los funcionarios de la Oficina de Refugiados entrevistar a las dos jóvenes. 

La diferencia con Lucía Morett, es que la mexicana arribó al país con visa de 90 días y con su pasaporte vigente. Sin embargo, su situación migratoria era más complicada.

“Morett no podía argumentar que venía de un país perseguida por alguna fuerza militar, mientras que las dos colombianas sí lo  pueden hacer por la situación política que vive Colombia”, dijo una fuente,
No obstante, Pamela Dávila  sostiene que las dos colombianas ya tienen refugio y que no tienen ninguna limitación legal en el país.

Detalles
Voceros de organizaciones de Derechos Humanos justifican el accionar del Gobierno en permitir  atención médica a las colombianas sobrevivientes. Se sustentan en que el Ecuador es miembro de los Tratados de Protección Humanitaria de Ginebra desde 1949, y en uno de sus primeros artículos se señala  que “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad... serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción”.