La XXX Conferencia Regional de la FAO, realizada en Brasilia, ha ratificado que la crisis de los precios de los alimentos en el mundo será prolongada.

La subida vertical de los precios obedece a causas estructurales, situaciones emergentes y coyunturas particulares de los países, que en todo caso nos afecta a todos.

Entre las causas estructurales tenemos la injusta distribución de la tierra que persiste por reformas agrarias inconclusas,  la falta de apoyo de los gobiernos a los pequeños y medianos productores y la ausencia de políticas públicas que den prioridad a una agricultura sostenible. Históricamente esta crisis no es nueva en los países del llamado tercer mundo y no solo es de precios sino también de escasez.

Entre las circunstancias emergentes tenemos el cambio climático, la demanda de commodities por parte de países con acelerado desarrollo industrial como China e India, la fabricación de biocarburantes, la especulación de transnacionales y la consolidación de un  mercado global en el que no tiene cabida el principio de que la alimentación es primero un derecho, antes que una mercancía.

El agravamiento de la crisis alimentaria  afecta sobre todo a los países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Se teme que puedan producirse explosiones sociales con consecuencias perturbadoras en procesos de consolidación democráticos.

Paradójicamente, América Latina no debería tener problemas de seguridad alimentaria, pues produce 40% más de alimentos de los necesarios para abastecer a su población y sin embargo seguimos teniendo millones de personas bajo la línea de pobreza, y en los últimos meses los precios de los productos de la canasta básica para una familia promedio latinoamericana se encarecieron en el 45%.

En Ecuador la situación es particularmente grave, pues además de sus problemas estructurales y la incidencia de factores emergentes, la población y el territorio han sido castigados una vez más por fenómenos naturales y la violación de la soberanía territorial por parte de fuerzas militares regulares e irregulares.

En la actual coyuntura de reestructuración del Estado por la vía constitucional, vemos que el tema de la seguridad alimentaria se encuentra disperso en la Constitución política vigente, sin tener la importancia debida, cuando este principio debe ser dimensionado como un eje del nuevo desarrollo sostenible al que se aspira.

Más aún, la seguridad alimentaria debe complementarse con otro principio que es el de la soberanía alimentaria, que ha sido definido como el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, comercio justo y consumo, respetando la diversidad productiva y cultural.

Si la seguridad alimentaria es un eje del desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria es una condición para la vigencia de una democracia moderna en la cual los ciudadanos tienen garantizados sus derechos fundamentales y pueden ejercer plenamente su soberanía. Consecuentemente es también un tema de seguridad nacional y de inserción e integración internacional.