El encargado de la Superintendencia amplió plazo para la entrega de balances de compañías.
Las actividades se normalizan en la Superintendencia de Compañías, tras la destitución de Francisco Arellano, resuelta por el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, la Asociación de Empleados de la dependencia anunció que continuará con sus acciones legales para lograr la sanción contra el ex superintendente en la Contraloría, la Asamblea Constituyente y la Fiscalía. “Si es necesario iremos a Montecristi para lograr que los asambleístas ratifiquen lo hecho por el TSE”, dijo Santiago Bravo, presidente de la asociación.
Otro de los conflictos es el ingreso de personal por pedido de Arellano, a quien los funcionarios acusan de no estar preparados. “Si hablamos de una depuración, ellos tienen que salir. Si es del caso endurecemos nuestra posición. Por lo pronto, hemos solicitado a las autoridades que por los canales legales se los retire de la institución”, indicó Bravo.
Los empleados también esperan la resolución de un amparo constitucional presentado en la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra una disposición tomada por Arellano, que nunca se ejecutó, que les reduce sus salarios.
Gonzalo Merlo está al frente de la entidad hasta que la Asamblea Constituyente designe al Superintendente de Compañías. “Esperamos que sea una persona con conocimiento, técnica y que venga a trabajar con nosotros y no a hacernos oposición. Hasta el momento no nos han pedido nuestra participación”, expresó Bravo.
Merlo está encargado de retomar varios casos que estuvieron sin dar trámite por la crisis de la institución.
Bravo advirtió que la demora de trámites o problemas de atención al público no se debieron a sus protestas, sino a la gestión de Arellano.
“Los trámites operativos normalmente se despachan en uno o dos días, pero mientras estaba Arellano se demoraban hasta seis meses”, dijo Anabel Vinueza, trabajadora de la entidad.
Ayer en las afueras del edificio se registraron filas de personas que requerían entregar el balance de cuentas de sus compañías, debido a que el plazo finalizaba ayer.
Merlo dispuso la ampliación hasta el 6 de mayo para que las compañías cumplan con esa obligación.
Mientras tanto, en la Asamblea los constituyentes y la mesa directiva no tienen aún definido el tratamiento del tema ni el nombramiento del reemplazo de Arellano.
Galo Lara, de Sociedad Patriótica, pidió que se investigue al ex funcionario.
Ediciones Anteriores
