Dejar de considerar al agua como un bien público, sino como un patrimonio natural estratégico; y hacer que la dotación de su servicio sea exclusivamente público (sea gobierno o municipalidades); es decir que no se podrá privatizar o concesionar, son los principales acuerdos a los que han llegado los miembros de la mesa 7 de la Asamblea Constituyente, que proponen que así conste en la nueva Constitución.

La mesa, como todas con mayoría de PAIS, discute todavía “los mecanismos transitorios” para resolver casos como el de la concesión del servicio de agua potable para Guayaquil por parte de la Ecapag para la empresa Interagua.

Estos consensos preliminares debían aprobarse en la reunión de bloque del movimiento prevista para anoche.

La mesa está discutiendo todavía “los mecanismos transitorios” para resolver casos como el de la concesión del servicio de agua potable para Guayaquil por parte de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag) a la compañía Interagua.

Norman Wray, también del bloque oficialista, indica que podría plantearse una disposición transitoria por la cual se revise el actual régimen de concesiones. “No se trata de suspenderlas sino de ajustarlas a las condiciones que establezca una nueva Ley de Aguas”.

Tola agregó que hay otros sectores estratégicos en los que sí es posible tener el concurso de la empresa privada, pero en este caso no, porque es un derecho humano, no una actividad lucrativa.

Al interior de PAIS hay acuerdos sobre la necesidad de crear una institución que gestione el agua. En los articulados sobre Naturaleza y Ambiente que se debatieron el  miércoles en el pleno ya se propone la creación de una Superintendencia del Ambiente y el Agua.

“Ahora tenemos muchas, como el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y los Organismos de Desarrollo Regional, como Cedegé o el CRM. Cada una tiene sus propias normativas”, refiere Tola.

El pasado martes, la Asociación de Empresas Municipales de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Conexos presentó a la Asamblea  su propuesta de crear  tres instituciones que garanticen la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado: el Ministerio del Agua, la Comisión Reguladora del Agua Potable y la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. También propone que los servicios públicos sean prestados de forma directa por las municipalidades o de mancomunidades.