Xavier Garaicoa Ortiz fue designado procurador general del Estado el 1 de marzo de 2007, gracias a que el presidente Rafael Correa suscribió el oficio Nº T.078-SGJ-07-109 de 31 de enero del 2007 proponiéndolo para dicho cargo, una vez que telefónicamente se lo había propuesto.

Pese a que Xavier Garaicoa renunció aduciendo motivos de salud, lo cierto es que la dimisión se produjo por supuesta corrupción de los mandos medios denunciada por el propio presidente Correa.

Sin embargo, parecería ser que el tema principal para la dimisión fue una fallida compra de un edificio para el órgano de control con un sobreprecio que no se ha podido hasta ahora justificar.

Veamos la historia. El 27 de diciembre de 2007 el Dr. Garaicoa solicitó al contralor Carlos Pólit informe favorable para adquirir un inmueble de 2.043 metros cuadrados de terreno y 3 subsuelos de construcción, todo por el precio de 1’976.983,86 dólares. No se confundan, no es broma. El procurador Garaicoa quería comprar 3 subsuelos por casi dos millones de dólares. Pero eso no es lo grave. La Dinac, órgano público que depende del Miduvi, efectuó el avalúo del inmueble y determinó, el 23 de noviembre de 2007, que el precio real era de apenas 1’173.465 dólares. Como probablemente el precio era muy bajo, “alguien” debió “solicitar” a la Dinac un nuevo avalúo. Frente a esta probable “petición”, la Dinac reconsideró el precio del terreno, añadió el precio de unos “estudios y costos financieros” (la ley no contempla esta posibilidad) y determinó que en realidad el inmueble costaba 1’724.530,79 dólares, es decir, en menos de 24 días, el inmueble costó 551.065, 79 dólares más.

Pero, por si esto fuera poco, el procurador Garaicoa solicitó informe favorable para celebrar el contrato por la suma de 1’976.983,86 dólares, es decir, 252.453,07 dólares más que el precio ya reconsiderado por la Dinac, con lo cual viola descaradamente el artículo 36 de la Ley de Contratación Pública, según el cual, el precio que se convenga con el dueño del inmueble no podrá exceder del diez por ciento sobre el avalúo de la Dinac. En la compra de los subsuelos, por tanto, el precio no podía ser jamás superior a 1’896.983,86 dólares y no el que se pretendía pagar.

¿Cuál era el beneficio de adquirir subsuelos? ¿O es que en realidad de lo que se trataba era de adquirir un edificio en construcción, diseñado originalmente probablemente para departamentos,  para beneficiar a alguien?

Uno de los tópicos de este Gobierno es el de la honestidad. ¿Son realmente honestos? Toda esta negociación se la pretendió realizar entre diciembre de 2007 y enero de 2008. ¿Lo sabía el Presidente y por este motivo solicitó la renuncia de Garaicoa? Si es así, y ante documentación tan evidente, ¿por qué no se ha iniciado la instrucción fiscal contra Garaicoa y demás autores, cómplices y encubridores? Este sobreprecio no puede quedar en la impunidad. Ya es hora de quitar unas cuantas máscaras. Por fortuna, el Contralor emitió informe negativo. Ahora falta que alguien deje de proteger a Garaicoa y que la justicia cumpla el rol que le corresponde. El florón, de mis manos ya pasó.