El asunto, sin embargo, no puede terminar aquí. El Ministerio Fiscal está impelido, ahora más que antes, a iniciar una investigación sobre las acusaciones de que se desviaron fondos públicos, se insultaba a los empleados de la Superintendencia y se demoraron innecesariamente muchísimos trámites, lo que causó perjuicio a los usuarios.

No sabemos si la destitución del Superintendente es el primer gesto de independencia del Tribunal Supremo Electoral ante el Ejecutivo o si fue la presión ciudadana la que se impuso. En cualquier caso, es una demostración de que no hay que darse por vencido cuando se trata de demandar justicia.