El documento tiene apoyo y críticas de los propios asambleístas del bloque oficialista.

Reintegrar a los despedidos de tercerizadoras se debate hoy.

El pleno de la Asamblea Constituyente se instala hoy para analizar el mandato que elimina la tercerización y la intermediación laboral y la contratación por horas.

El texto quedó listo ayer y hoy los bloques de PAIS y MPD plantearán dos cambios: que los empleados contratados por horas y despedidos desde el 1 de mayo puedan ser reintegrados. María Paula Romo (PAIS) plantea que ese beneficio sea ampliado a los empleados contratados por horas.

Y que las empresas  asuman a todos sus trabajadores tercerizados enrolados hasta la expedición del mandato; la propuesta busca impedir que las plazas se llenen con parientes o familiares de los directivos de las empresas públicas o privadas, sostiene Abel Ávila (MPD).

En la compañía intermediadora Censervi (Cuenca), quince de sus empresas usuarias prefirieron no renovar contratos. Según Eugenio Fernández, gerente general, esta decisión deja sin trabajo a unas  3.000 personas.

Félix Alcívar (PAIS) planteó, asimismo, una modificación al artículo 3 del proyecto de mandato, este permite la contratación de los llamados “servicios complementarios” en cinco actividades: mensajería, alimentación, seguridad, vigilancia y limpieza.

“Los servicios de vigilancia, seguridad y limpieza son los que en la actualidad son tercerizados; por lo tanto, es inconveniente determinar los servicios que pueden ser realizados bajo esta figura”, sostuvo.

Ayer, un grupo de ex tercerizados de la operadora celular Porta pidió audiencia con las mesas 6 y 10 para denunciar sus despidos intempestivos. Los jóvenes trabajaron para el  call center  de la compañía hasta el pasado viernes.

Estos se quejaron que les pagaron liquidaciones de unos  1.000 dólares por tres años o más de trabajo, y  utilidades por $ 85 cuando Porta pagó a sus empleados directos $ 15.000.

Otro grupo de trabajadores sindicalizados de los municipios mantuvo una reunión con la comisión que redactó el mandato. Johnny Briones, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Manabí, exhortó a los miembros de la mesa 6 para que se respete los contratos colectivos tomando en cuenta sus bajos ingresos.

Irina Cabezas (PAIS) garantizó el respeto a ese derecho y afirmó que “no serán topados los contratos colectivos a nivel de las municipalidades, y en la reglamentación del mandato estarán presentes los trabajadores de ese sector”.

Luego de esa visita, los asambleístas de la mesa 6 fueron convocados a la presidencia de la Asamblea para discutir el trámite del mandato y la aprobación en segundo y definitivo debate de los textos constitucionales sobre el trabajo, prevista para el pleno de mañana.

Hasta ayer por la tarde, Eduardo Alcívar y Guillermo Touma (PAIS) mantenían diálogos telefónicos con las centrales sindicales a las que representan, que aún no decidían si apoyar o no la revisión de los contratos colectivos que plantea el mandato.

Alcívar insistía en que los contratos son un “acuerdo entre las partes”, por lo que no pueden ser modificados unilateralmente. Touma, señaló que las agrupaciones clasistas están de acuerdo con la revisión de los contratos, pero manteniendo las conquistas obtenidas.