Ante el alarmante incremento de la delincuencia y el alto grado de inseguridad que se siente en todo el país, amerita que las autoridades pertinentes ordenen las realización de patrullajes militares y policiales en conjunto dentro de la urbe, para tratar de combatir y frenar al hampa organizada que tiene de rodillas a la ciudadanía.

 Hace poco advertíamos el grave peligro que se venía con la aplicación del 2 x 1, indicando que mediante esta controvertida disposición quedarían en libertad contumaces antisociales que sembrarían el terror en la sociedad ecuatoriana; aquello, por desgracia, ha ocurrido porque en la mayoría de atracos a ciudadanos y locales comerciales se ha podido comprobar la participación de sujetos prontuariados.

Ahora los ciudadanos exigimos que se clausuren de manera definitiva los talleres y establecimientos donde elaboran armas de fabricación nacional, pues debido a su bajo costo sirven para estimular el auge delincuencial; ojalá que este clamor sea escuchado para evitar pérdidas de más vidas.

Johnny Muñoz Lima,
licenciado, Guayaquil

El Gobierno de la revolución ciudadana trata de ocultar la verdad sin sonrojarse.

Ahora resulta que nosotros los perjudicados estamos inventando el repunte alarmante de la delincuencia. No tenemos derecho de quejarnos porque junto con la prensa estamos supuestamente desestabilizando.

La pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer en vista de que frente a un homicidio, violación, secuestro, robo, etcétera, no tenemos un familiar poderoso que coloque a toda la Policía a buscar a los ladrones de un vehículo?

Nos quitaron el derecho a desarrollarnos económicamente con la tonelada de impuestos, el despilfarro de recursos, la falta del control de precios y la nulidad de ejes financieros positivos. Quitaron el respaldo a la Corporación de Seguridad Ciudadana por estar en manos de un rival político poco sumiso; al hacerlo se jactaron de que su manejo fue ineficiente. ¿Qué calificación colocaremos a la gestión actual sin culpar a la Policía que carece de recursos?

En vez de bravuconadas y seguir concentrándose en las futuras elecciones –que de tantas ineficiencias pueden perder su preciado botín– ocúpense de la seguridad del pueblo; para eso los eligieron, ¿o es que tampoco tenemos derecho a la vida?

Karina Chávez Obando,
licenciada, Guayaquil

Resulta asombroso leer una noticia como la del asalto al Hiper Market. El jefe de seguridad de la compañía, ¿cabecilla de la banda que asaltó el lugar que se supone debía cuidar?

Parece increíble, pero el hecho tiene una sola explicación: los sueldos de miseria que pagan las compañías a sus empleados que se juegan la vida todos los días. Dichas empresas facturan a sus clientes tres veces, o más, el sueldo de uno de sus empleados. Este hecho nadie lo controla.

Guillermo Cuesta Franco,
Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Ya no es de asombro leer a diario que en Ecuador muere gente víctima del sicariato.

Lo que causa verdadero asombro es que absolutamente nadie hace algo concreto para acabar con esto. Guayaquil se ha convertido en una ciudad de primer mundo con centros comerciales, malecones por doquier, semáforos inteligentes... pero, lamentablemente, eso es el cinco por ciento de la realidad del país: profesores mal pagados; niños mal alimentados y estudiando en patios llamados escuelas, sin paredes, ni desayuno; invasiones a las “grandes” ciudades; médicos que por falta de pago rompen su juramento de atender a los pacientes ante todo; delincuentes mejor armados que los policías; secuestros... Podría agregar una lista interminable de cosas que debemos combatir.
¿Cómo se va a regresar a un país donde uno puede ser asaltado saliendo del aeropuerto? ¿Cómo un inversionista extranjero se puede animar a invertir en un país donde lo pueden mandar a matar por 100 dólares, por el simple hecho de no ser del agrado de alguien?

Presidente de la República, economista Rafael Correa, que los operativos policiales  terrestres y aéreos no solo se hagan cuando es asaltada gente cercana a usted. Recuerde, usted ganó por miles de votos; está en sus manos hacer algo, y en las de ese “congreso” que cambió de nombre y de hombres, ahora llamado Asamblea Nacional, pero que sus resultados son los mismos; y en las manos de los jueces que reciben sueldos y vacaciones a tiempo; de la mal equipada Policía Nacional, y en la de todas las entidades encargadas en la seguridad del país, para combatir este nuevo “negocio” llamado sicariato.

Fernando Mora,
Guayaquil

En la nueva Constitución debe hacerse constar a la denuncia dentro de los derechos civiles, no como deber sino como un legítimo derecho; ya que el artículo actual (97, Nº 14) ha dado lugar a que los culpables estén libres y los inocentes sancionados por una mal llamada justicia, pora la falta de una política de Estado para proteger al denunciante, garantizar su estabilidad laboral y cuidar por la seguridad personal mientras se investiga la denuncia.

Casos de ciudadanos inocentemente sancionados se dan, y si se quiere erradicar la corrupción, hay que proteger e incentivar al denunciante sin perjuicio de que las denuncias falsas, maliciosas y temerarias tengan que ser procesadas conforme lo establecido en la ley.

Saúl Mayorga Puma,
abogado, Quito

Se debe expedir una ley general de seguridad ciudadana. El Presidente de la República sería la máxima autoridad de ese comité nacional de seguridad ciudadana, quien lo presidiría o su delegado el Ministro de Gobierno, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, jefe del Comando de las FF. AA., comandante general de la Policía y un delegado de la ciudadanía.

Dicho Comité coordinaría actividades de seguridad ciudadana a nivel nacional, presentaría proyectos de ley o reformas sobre seguridad, declarando estados de emergencia ciudadana nacional, provincial o local de acuerdo a las circunstancias, y presentaría planes.

En cada provincia debe existir a su vez un comité de seguridad provincial integrado por el gobernador quien lo presidiría, el jefe de jerarquía de la Zona Militar, Naval o Aérea, el comandante provincial de la Policía Nacional, el presidente de la Corte Superior del distrito, un representante de la ciudadanía. En cada cantón habría un comité de seguridad cantonal presidido por el jefe político. En parroquias urbanas y rurales habría comités de seguridad comunitaria, presidido por un delegado designado por el comité cantonal de seguridad, de preferencia miembro de la Policía o las FF.AA. El comité informaría a las autoridades para tramitar permisos de funcionamiento de sitios de diversión; implementaría sistemas de alarma colectiva, organizaría brigadas barriales y notificaría a la Policía toda actividad irregular.

Jorge Chambers Hidalgo,
abogado, Guayaquil

¿Qué deben hacer las autoridades para detener los ataques delincuenciales en el país?

Mejor hablemos de cómo debemos cuidarnos los ciudadanos. Andemos siempre alertas para precautelar nuestra vida y la de nuestras familias.

En los buses hay que observar qué tipo de personas se suben, ver qué están haciendo, si están nerviosas. Si se tiene duda de alguna de ellas, mejor bájese del bus.

Los que poseen vehículos y están detenidos en un semáforo, no deben acercarse demasiado al automotor de adelante, para darle fácil maniobrabilidad en caso de huir el asaltante; no hacer caso a otros conductores que le dicen que tiene su carro un desperfecto, siga y deténgase a verificar en otro lugar más seguro.

No bajar la guardia ni al pie de nuestra casa. No hacer alarde de lo que se tiene, ser discretos de los negocios o  éxitos; incluso, dentro de nuestro domicilio ante las empleadas. Cuando vaya en su vehículo no tome la misma ruta y hora; vea por el retrovisor quién lo sigue.

Unas compañías de seguridad tienen guardias que ganan $ 300 cada uno, pero a la empresa contratante le cobran $ 900 por cada policía, negocio redondo para el dueño de la compañía de seguridad. Eso causa malestar en el personal, por lo que se combinan guardias bien entrenados en armas, y mal pagados y desmotivados. Y hay policías a los que les pagan su bajo sueldo con meses de atraso.

Gunnar Lundh,
licenciado, Guayaquil

La vigilancia se puede incrementar con personas que la Junta de Calificación del Ejército no las cogió y que viven o conocen la ciudad, y cumplen los requisitos que exige la Policía.

Hay que poner vigilancia en pasos peatonales y construir atalayas con binoculares  en los barrios pobres, cooperativas o invasiones y dotar de carros policiales patrullando.

Poner policías con comunicación radial con los vehículos policiales. Controlar a los comerciantes que compran mercadería robada. Más responsabilidad de fiscales y jueces al sentenciar a los delincuentes y no decir que no hay suficientes pruebas para dejarlos libres. A diario salen de las cárceles y al poco tiempo regresan.
Combatir a la delincuencia no es solo perseguirla sino reformarla para dar a pandilleros y otros desorientados la oportunidad de cambiar, invitándolos a que se unan a formar grupos al mando de militares y policías, y que ellos mismos vigilen los barrios, pagándoles bien a fin de que sirva para su presupuesto familiar o por lo menos a su propio bolsillo. Poco a poco comprenderían su responsabilidad social y no serían enemigos de la misma. Es un trabajo lento, pero puede dar buen resultado.

Enrique Arteaga,
licenciado, Guayaquil
 
Angustia da escuchar por teléfono o saber por internet lo que pasa en Ecuador sobre la inseguridad a la que el pueblo se ha visto sometido.
Robos, crímenes, asaltos a centros comerciales, secuestros, violaciones..., en qué se ha convertido nuestro país. Y lo terrible es que las autoridades parece que nada hacen para frenar la violencia.
Pues,  los ladrones andan mejor armados y tienen los mejores contactos para salir libres de las cárceles si los atrapan. ¿Para qué regresar?

José Arboleda
Milán, Italia

¿Qué se debe hacer para preservar la seguridad de las personas en los espectáculos públicos?

¿Cree que el Gobierno está haciendo lo correcto ante el alza de precios de los alimentos?