Una manaña reciente, un convoy de seis vehículos utilitarios deportivos negros entró inesperadamente al patio de una maderería de Alta Floresta. De ellos bajaron unas dos docenas de agentes de las fuerzas brasileñas de seguridad y policía con armas y rifles. Sin embargo, un grupo separado de miembros de la agencia nacional brasileña de protección medioambiental portaba el arma más temida por el capataz: cintas de medir de color amarillo vivo.
“¡Treinta y ocho! ¡Setenta!”, gritaban los agentes, desde los grupos de troncos amontonados en el espeso lodo, al ponerse rápidamente a trabajar. Uno de ellos anotaba el volumen de cada tronco para compararlo con lo que la maderería había declarado a las autoridades estatales. Cualquier discrepancia podía resultar en multas o acusaciones penales.
Se trata de la Operación Arco de Fuego, enérgica campaña del Gobierno brasileño destinada a frenar la tala ilegal de la selva amazónica.
Busca enviar el mensaje de que el Gobierno está resuelto a proteger la más extensa de las selvas tropicales aún existentes, pero ha despertado controversia hasta la fecha por su enfoque militarista a la protección de los árboles.
La operación inició en febrero, luego de que nuevos datos satelitales arrojaran que la tala había repuntado en el segundo semestre del 2007, tras tres años consecutivos de disminución. La nueva información cimbró al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ha buscado desempeñar un mayor papel en las conversaciones relativas al cambio climático global en un contexto de creciente evidencia científica de que aproximadamente el 20% de las emisiones globales de gas con efecto invernadero procede de la tala de las selvas tropicales.
El Gobierno indica que ahora gastará 118 millones de dólares por lo menos en el próximo año para luchar contra los taladores ilegales.
Ha movilizado a unos 600 funcionarios en tres estados del país —Mato Grosso, Pará y Rondonia— además de 175 carros y camiones, y cuatro aviones.
Las autoridades ya han impuesto 25,9 millones de dólares en multas, realizado 19 arrestos y decomisado más de 39.000 metros cúbicos de madera, que ha sido transferida a los gobiernos locales, reporta Kézia Macedo, analista de la agencia medioambiental federal, conocida como Ibama, en Brasilia.
Sin embargo, los retos son abrumadores. La Amazonia es inmensa, con unos 3,4 millones de kilómetros cuadrados aún cubiertos con selva.
Los 48 policías y las dos docenas de agentes medioambientales que participan en Arco de Fuego en Alta Floresta lucen minúsculos respecto al territorio en el norte de Mato Grosso donde se ubica la ciudad de 50.000 habitantes.
Ésa es una de las razones por las que los agentes se concentran principalmente en los cuellos de botella, donde la madera debe necesariamente ser transportada y detienen a los taladores a su entrada y salida de Alta Floresta.
En Mato Grosso, el inmenso estado agrícola brasileño donde se ha registrado la mayor parte de la deforestación, los agentes de Ibama se enfrentan a Blairo Maggi, poderoso gobernador y el productor número uno mundial de soya y vigoroso partidario de la expansión agrícola.
En privado, agentes de Ibama sugieren que Maggi ejerce una fuerte influencia sobre la agencia estatal de protección medioambiental de Mato Grosso. Los funcionarios estatales han retado con éxito el método de medición volumétrica de la madera de Ibama y criticado el sistema de detección de deforestación del Instituto Nacional Brasileño de Investigación Espacial.
Tras promediar 20.000 kilómetros cuadrados anuales en los 90, la deforestación en Brasil se había reducido a 11.000 kilómetros cuadrados anuales, en el 2006, antes de aumentar nuevamente el año pasado.
Arco de Fuego ha provocado el descontento de los funcionarios industriales locales, que alegan que la operación sofoca el comercio en una ciudad trabajadora que respondió, en los 70, al exhorto del gobierno militar de colonizar Amazonia antes de que lo hicieran extranjeros. “Esta estrategia de ponernos esposas nos está arruinando la moral”, expresó Vicente da Riva, presidente de la asociación rural de Alta Floresta.
En la sede de Ibama, en Alta Floresta, los agentes estudian en computadoras los datos satelitales del instituto espacial y Google Earth.
Una noche, un grupo de cinco agentes de Ibama se dirigió a un sitio a trece kilómetros de la ciudad para llevar a cabo una operación “relámpago” a la medianoche.
Rodrigo Almeida, líder de Ibama, explicó que los agentes habían interceptado varios tráileres en un lugar donde dos caminos de terracería convergen en la carretera principal que lleva a la ciudad. “Rodrigo, ¿estamos haciendo lo correcto?”, preguntó Paulo Iribarrem, fornido agente con 17 años de experiencia en Ibama, al romper un silencio momentáneo. “No te preocupes, amigo, ésta sólo es la primera etapa” de la operación, le contestó Almeida. “Habrá más”.
Los agentes detuvieron un automóvil privado y una o dos motos pasaron frente a ellos. No obstante, después de transcurridas casi dos horas, se dieron por vencidos y regresaron a casa.
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