Estuvieron presos y cuando quedaron libres demandaron al país ante la Corte Interamericana.
Una disculpa pública del Estado después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinara –en noviembre pasado– que se violaron sus derechos al haber sido vinculados a un caso de narcotráfico es importante, pero no basta para superar el trauma y el estigma que hace casi 11 años marcó las vidas del empresario chileno Juan Carlos Chaparro Álvarez y del ecuatoriano Freddy Hernán Lapo Íñiguez.
Satisfecho, pero aún indignado por lo que él llama “injusticia”, el empresario recuerda que eran cerca de las 15:00 del 15 de noviembre de 1997, cuando disfrutaba de la sobremesa tras el almuerzo en casa de su suegra, fue alertado de que diez policías estaban en la puerta de su vivienda, a unos 8 metros de donde él se hallaba.
Cuando una empleada lo fue a llamar, dice que hasta cierto punto sintió satisfacción. Equivocadamente creyó que habían ido para investigar un robo del que había sido víctima días atrás. Pero cuando se acercó lo obligaron a acompañarlos para “investigaciones”. En el Cuartel Modelo fue donde conoció que se lo vinculaba al caso de narcotráfico Rivera, tras la incautación de 400 kilos de droga.
Pero la amarga historia que destruyó su empresa, Plumavit, que acabó con su próspera vida de empresario y que lo llevó incluso a pensar en el suicidio, se había iniciado ese día en la mañana, cuando agentes de antinarcóticos allanaron su compañía, instalada en el km 10½ de la vía a Daule, en el norte, y apresaron a 15 de sus empleados.
Entre ellos a Lapo, gerente de producción de la empresa que elaboraba hieleras de polietileno expandible o plumafón. Para la Policía en esa planta se habían elaborado las cajas con doble fondo en las que estaba camuflada la droga, detectada la noche del 14 de noviembre de 1997 en el aeropuerto Simón Bolívar, de Guayaquil (hoy José Joaquín de Olmedo), cuando –de Manta– iba a ser enviada a Miami hacia adonde habrían huido los verdaderos narcotraficantes.
Habían pasado 23 días, el 8 de diciembre de 1997, y pese a que tres peritajes, uno realizado por la Espol, determinaban que el molde usado para hacer las hieleras que habían hallado con la droga no coincidía con el que utilizaba el empresario chileno para la elaboración de sus productos, la jueza 12ª de lo Penal del Guayas, Guadalupe Manrique, imputó a Chaparro, Lapo y a otros tres empleados de Plumavit: el jefe y el asistente de bodega; y el jefe de mantenimiento.
Ahí, sostiene Chaparro, siguió la violación a los derechos humanos de ellos, pues estuvieron cinco días incomunicados, en celdas distintas. En ese tiempo varios agentes de la Policía los obligaron a dar declaraciones sin tener un abogado defensor y “para rematar –se lamenta– la alcaldía también nos negó la solicitud del recurso de hábeas corpus”.
Además, indica Lapo, les incautaron los bienes que estaban a sus nombres, les bloquearon el dinero que tenían en cuentas bancarias, sus familias quedaron sin protección y lo peor “vinieron días tormentosos tras las rejas” en la Penitenciaría del Litoral, donde sufrieron más de una agresión y “empeños” (cobros de dinero) por haber sido detenidos por narcotráfico.
Lapo, a quien el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) le incautó una vivienda que jamás recuperó; el jefe de bodega y el asistente de mantenimiento fueron liberados tras 1 año, 6 meses y 11 días. Chaparro y el jefe de mantenimiento, en cambio, dejaron la cárcel al año, 9 meses y 5 días.
En libertad, pero con un daño moral irreparable, “pues uno queda con un estigma que nada borra. Tanto, que hoy hasta mis hijos que no nacían entonces se ven afectados, pues equivocadamente donde vivo ciertos padres de familia no permiten a sus hijos acercarse a los míos”, comenta Lapo, pese a que cuando fue detenido solo tenía un niño de apenas dos meses.
“Quedamos destrozados”, deplora el chileno con una amargura que no expresa con palabras, pero sí con gestos de decepción que incluso humedecen sus ojos. La acusación acabó con su empresa de un cuarto de siglo en Ecuador, adonde llegó en 1973 para aprovechar el boom petrolero y comprar la materia prima (polietileno) de su negocio a menos costo y con más facilidad. Él perdió su inversión, pero hoy aguarda una segunda sentencia de la Corte Interamericana, que le permitiría, cree, recuperar su capital y levantar otro negocio, aunque el estigma esté ahí latente.
Cronología
1997, noviembre 14
En el aeropuerto Simón Bolívar, hoy José Joaquín de Olmedo, un perro de la Policía de Antinarcóticos detecta 400 kilos de droga camuflada en cajas de pescado, que la compañía de mariscos Oreana (Maror), de Manta, Manabí, iba a enviar a la empresa Total Sea Food-Inc., en Miami, Estados Unidos. Iba en vuelo de Aeroservicios Ecuatorianos de Carga Aérea (AECA).
1997, noviembre 15
Un piquete de Policías allana la empresa Plumavit, del chileno Juan Carlos Chaparro, y detiene a empleados que daban mantenimiento a la planta, entre ellos estaba Freddy Hernán Lapo Íñiguez.
1997, diciembre 8
La jueza 12° de lo Penal, Guadalupe Manrique, inicia el auto cabeza de proceso, hoy llamada instrucción fiscal, contra Lapo y Chaparro.
Juan Carlos Chaparro
AFECTADO
“No guardo rencor. He aprendido que no tengo que ser juez. Para eso hay otro tipo de justicia, en otra parte, y ella será la responsable de poner a cada uno en el lugar que merece”.
Ediciones Anteriores
