‘El miembro del directorio no está ejerciendo una actividad de lucro’

Camilo Samán integra el directorio de Pacifictel pese a que  la Ley de Compañías prohíbe que gobernadores sean administradores de compañías anónimas...
Sí, pero eso es para actividades de comercio. Ningún funcionario público está ejerciendo actividades de lucro, es (rige) para actividades de comercio, de lucro. Se les da categoría de empresas públicas pese a que son sociedades anónimas y el miembro del directorio no está ejerciendo  una actividad de lucro.

Pero en este caso está ejerciendo una actividad de administrador.
No es un administrador, el administrador es Walter Guerra (presidente ejecutivo).

Pero los estatutos sociales de Pacifictel señalan que el directorio tiene responsabilidad de administrador.
No tengo ahora los estatutos, que yo sepa es corresponsable y por tanto coadministra porque es el directorio el que aprueba las políticas, no compra, no contrata, él autoriza, dispone, ejecuta...  

Usted dice que existe coadministración, entonces está reconociendo  que cumplen labores de administración.
No, una cosa es administrador y otra coadministrador, si yo apruebo lo que usted hace, yo también soy corresponsable de la administración.

¿Y dónde está citado eso en los estatutos de la empresa?
Digamos que son corresponsables.

¿Entonces ya no son coadministradores sino corresponsables?
Corresponsables.

¿Quién nombra a los miembros del directorio?
El directorio del Fondo de Solidaridad (FS).

¿Y el directorio del FS  no analizó el caso de Samán  antes de designarlo?
No, porque está claro que no somos empresa de capital privado de comercio. En ninguna representación de las empresas nadie ejerce actividades de lucro, porque no es que está rindiendo utilidades para lucro, sino para el Estado.

Pero Pacifictel no es una empresa pública.
Es una sociedad anónima de derecho privado, pero no percibe lucro...  Esa discusión la han llevado desde que se inventaron el FS, las hicieron sociedades anónimas porque las iban a vender. Es un híbrido jurídico que queremos resolver con la ley de empresas públicas (que  discute el Gobierno y que podría ir a la Asamblea).