El 2 de agosto del 2007, en la propia sede de la Procuraduría General del Estado, siendo su titular el Dr. José Xavier Garaicoa, el Presidente de la República expresó que los organismos de control serían “…en el futuro promisorio y esperanzador … la ventana hacia la luz y la transparencia”.

Luego, alabando la gestión de Garaicoa señaló que “hemos sentido ya esa lumbre en la absolución de consultas hechas a la Procuraduría…”.

Sin embargo, apenas ocho meses después, esa lumbre se apagó. ¿El motivo? La petición del propio Presidente a la Secretaría Anticorrupción de investigar a los mandos medios de la Procuraduría por enriquecimiento ilícito. ¿La consecuencia? El Dr. Garaicoa, designado de una terna enviada por el propio Presidente, renunció, al tiempo en que por un quebranto de salud era internado en una clínica en el área de terapia intensiva.

Como se sabe, “la terapia intensiva incluye atención médica cercana y constante, brindada por un equipo de profesionales de la salud especialmente capacitados”. No obstante, es un área en la que “aunque los pacientes pueden recuperarse, la muerte es una posibilidad”.

Si el Presidente solicita se investigue a los mandos medios de la Procuraduría por enriquecimiento ilícito, deben existir serios indicios de actos de corrupción en dicho organismo, de los cuales difícilmente puede estar ajeno el titular, especialmente en tiempos de paquitos. No creo que el Presidente de la República solicite por deporte una investigación tan delicada que pone en entredicho a una de las instituciones de control más importantes del país.

La Procuraduría General del Estado no es una entidad pública cualquiera. Allí se deciden temas fundamentales, que tienen implicaciones económicas millonarias. Desde la caducidad de los contratos petroleros hasta la emisión de informes previos a la celebración de contratos de todas las dependencias del Estado. El Procurador interviene en infinidad de juicios y absuelve, con carácter vinculante, es decir, obligatorio, miles de consultas sobre la aplicación de las leyes, por lo cual su papel en el funcionamiento del Estado trasciende lo coyuntural.

Qué paradójico resulta que el Dr. Garaicoa haya citado en un ensayo a José Joaquín de Olmedo, coincidiendo con una “sabia advertencia” formulada al concluir las labores de la Convención Nacional de 1835 en el sentido de que “... el poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la Nación concede; es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible, que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. El ciudadano investido del Poder no tiene más derechos, ni más prerrogativas que la de tener mayores facultades para hacer el bien, y la de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes”.

¿Cumplió el Dr. Garaicoa estos enunciados? Solo una investigación seria lo determinará. Hasta tanto, afortunadamente el Dr. Garaicoa ha salido de terapia intensiva. Por desgracia, la Procuraduría y el Estado no.

Por ello, si queremos  un Ecuador con un futuro promisorio y esperanzador, las investigaciones no pueden quedarse en el propio gobierno. Ya es hora de que la Fiscalía y la sociedad civil intervengan activamente.