En las entidades públicas los sueldos no pueden superar los $ 5.000 mensuales.
La Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público (Senres) presentará hasta la próxima semana un informe de las instituciones estatales que aplicaron el mandato 02 que limita los sueldos e indemnizaciones a la burocracia.
Richard Espinosa, representante de la Senres, comentó que el 15 de abril pasado venció el plazo para que las instituciones públicas entreguen los roles de pagos de los meses de enero, febrero y marzo para realizar un comparativo con la aplicación del mandato 02 aprobado el pasado 24 de enero, y que pone como límite a la remuneración máxima que debe ganar un funcionario público en $ 5.000, un techo de $ 42.000 para indemnizaciones y $ 60.000 por despido intempestivo.
Las únicas excepciones que se contemplan en el mandato 02 para los salarios son las que fijan los gobiernos seccionales y el Presidente de la República.
De los 400 mil servidores públicos, solo 18 están dentro de la lista de las excepciones, cuyo informe técnico fue remitido al presidente Rafael Correa, y se refieren a técnicos de Petroecuador, según reveló Espinosa.
Advirtió que si después del análisis se determina que hubo irregularidades en la aplicación del mandato, y que luego fue modificado con el mandato 04 (límite de indemnizaciones), se aplicarán las sanciones que implican la destitución del cargo, sin perjuicios de las responsabilidades civiles y penales. “Si detectáramos alguna irregularidad notificaremos a la Asamblea para el respectivo proceso”, puntualizó Espinosa.
El funcionario inició una auditoría respecto al pago de sobresueldos en la Defensoría del Pueblo, pues indicó que si es una institución que está bajo la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa deberá sujetarse al mandato, en el que se prohíbe los sobresueldos.
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