Relaciones públicas o actividades privadas del asambleísta concentran las labores de varios asesores; el Estado destina casi $ 50 mil al día para cancelar sus sueldos.
Los salarios oscilan entre $ 3.200 y $ 3.500, más un bono de entre $ 500 y $ 600 por vivienda y movilización.
A veces aparece en las páginas políticas. A veces en las deportivas. Ximena Crespo Moreno se mueve en ambos frentes desde que decidió aceptar dos cargos: el de asesora en la Asamblea Constituyente y el de directora de Relaciones Públicas en Barcelona.
A su jefe no le molesta que ella tenga que dividir su tiempo entre Ciudad Alfaro y el Monumental. Después de todo, es el mismo en sus dos trabajos: Eduardo Maruri, asambleísta del movimiento UNO y también presidente del equipo amarillo.
Entre sus tareas está coordinar las entrevistas de los jugadores de Barcelona y los eventos de la institución. El jueves pasado, por ejemplo, justo cuando en el pleno se analizaban los articulados sobre Planificación de Desarrollo, ella acompañaba a Maruri en la presentación del llavero del club, en Guayaquil.
Cada uno de los 130 asambleístas puede contratar a dos asesores. El salario es de $ 3.200 y, en el caso de los asesores de la Comisión Directiva, $ 3.500. Se agrega entre $ 500 y $ 600 para vivienda y movilización, pero quienes tienen su residencia en Manabí solo cobran $ 250.
En promedio, cada día de trabajo de los asesores (20 cada cuatro semanas) le representa al Estado unos $ 50 mil (al menos $ 1 millón al mes). Sin embargo, la Asamblea no ha logrado ejercer un control efectivo sobre su asistencia o sus funciones.
Nunca han estado obligados a registrar su ingreso o salida, aunque –según el art. 18 del Reglamento de Funcionamiento Interno– el secretario relator de cada mesa (10 en total) debe llevar un control de asistencia de los “asambleístas, asesores y asistente administrativo de la mesa”. En la práctica, solo se controla la asistencia de asambleístas.
Los asesores se limitan a elaborar un informe en el que ellos mismos deben comunicar a su asambleísta y al departamento de Recursos Humanos qué actividades han cumplido, aunque no tienen obligación de pasar en las mesas u oficinas. El documento debe presentarse hasta el 25 de cada mes –desde febrero– para cobrar el sueldo.
Según Fernando Cordero (PAIS), vicepresidente de la Asamblea, “los responsables de los asesores son los propios asambleístas”, aunque aclara que el trabajo debe enmarcarse en la labor constituyente, como estudiar propuestas de articulados, presentar sugerencias u observaciones y revisar constituciones o documentos inherentes a los temas de las mesas.
Sin embargo, luego de recorridos diarios por los puestos que deben ocupar, decenas de entrevistas y la revisión de todos los informes que han presentado sobre su trabajo a Recursos Humanos, se concluye que al menos la mitad de los asesores se dedica a labores ajenas al proceso constituyente y que, en muchos de los casos, ni siquiera ocupan sus puestos o cumplen con las 40 horas de trabajo mensual que el reglamento ordena.
La mayoría ejerce actividades de relaciones públicas, asesoría de imagen o labores privadas encomendadas por el asambleísta, funciones que, según Cordero, no están permitidas, aunque el instructivo administrativo de los asesores solo dice que mientras estén en el cargo “no podrán desempeñar ninguna actividad laboral o profesional que sea incompatible o tenga relación con los temas que trata el asambleísta asesorado”.
“Se nos vuelve difícil (controlar), por eso hemos recurrido a esta forma indirecta de los informes y en ellos no aparece nada de esto”, dice Cordero, pero los informes sí dan algunas pistas, aunque varios ni siquiera llenan un cuarto de página. En estos documentos algunos señalan que entre sus tareas está revisar el correo electrónico del asambleísta o actualizar su blog.
Aracelly Moreno y Alexandra Salvatierra, asesoras de Lenín Hurtado y Jorge Escala, del MPD, siempre se acercan a la prensa para que publiquen información sobre ellos. Salvatierra explica en su informe que da a conocer las actividades del asambleísta “los días lunes en Guayaquil” y que “difunde ante la prensa” las visitas a Ciudad Alfaro de grupos afines al MPD. Lo mismo ocurre con Moreno.
Allyson Luna, ex colaboradora de Cynthia Viteri y actual asesora de María Cristina Kronfle (PSC), presentó un escueto informe en el que no detalla ninguna actividad, a más de la elaboración de boletines y coordinación de entrevistas; luego hace un resumen de las propuestas que recibió de organizaciones.
Lorena Mancheno, asesora de Virgilio Hernández (PAIS), siempre se acerca a la prensa (en ocasiones realiza su trabajo en el área de periodistas) para difundir la labor del asambleísta, entregar boletines sobre su gestión o concretar sus entrevistas.
Luis Mediavilla, asesor de Galo Lara (SP), pide sus correos electrónicos a los periodistas para enviarles información; de hecho, en su informe dice que ordena “la toma de fotos al asambleísta cuando se lo requiere”.
Lo mismo hace Felipe Pinzón con León Roldós (RED). Él se encarga del “manejo interno y externo de la imagen del asambleísta”, según dice su informe.
Carlos Tobar y Norma Merino, asesores de Fernando Alarcón (SP), envían boletines a los medios de Cotopaxi, de donde es oriundo. Lo mismo hace Germán Revelo con Iván Rodríguez (PAIS) para medios del Carchi en “informes quincenales”.
El actor Alfredo Espinosa Cordero, de la película Qué tan lejos, es asesor de César Rodríguez (PAIS) y en sus informes explica que realiza “análisis semióticos del discurso del asambleísta a los medios” y que, además, brinda “asesoría comunicacional y argumentativa para entrevistas en los medios”.
Algo similar realiza Marco Albuja con Aminta Buenaño (PAIS), pues en el documento asegura ofrecer “posibles respuestas para los medios de comunicación, dependiendo del cumplimiento de escenarios”.
Pese a no estar enrolada, Katherine Rivadeneira ocupa desde hace meses la sala de prensa José Peralta para informar sobre conferencias y comunicados de Pedro de la Cruz (PAIS).
Los asistentes administrativos de los asambleístas (con salarios de $ 1.250) comparten estas actividades. Elena Vásconez, asistente de Jaime Alcívar (PAIS), y Habana Villegas, de César Gracia (PRE), coordinan sus entrevistas y reparten boletines.
Un caso particular es el de Mauro Andino (PAIS), pues su hijo concreta sus entrevistas y habla con la prensa para que saquen noticias sobre su padre, aunque no está enrolado.
Delfa Estévez, hija de Rafael Estévez (ex SP), fue asesora de Catalina Ayala (SP) hasta que el asambleísta dejó este bloque.
Los colaboradores de Trajano Andrade (PAIS), Guido Zambrano y Luis Valdivieso, detallan en su informe que reciben “escritos de organizaciones que apoyan la gestión del asambleísta” y remiten los más importantes al resto de funcionarios para “mantenerlos informados”.
Francisco Flores, asesor de Rolando Panchana (PAIS), asegura que a diario va “a todas las mesas para conseguir información de lo que esté pasando en cada una” para así “anticiparse” en el análisis y los comentarios de los artículos; sin embargo, el reglamento fija plazos para que todos puedan conocer los textos y presentar sus observaciones.
Aunque su asambleísta no integra la mesa de Soberanía, Katherine Bustos, asesora de Antonio Lara (PAIS), expuso lo siguiente en el informe que le permitió cobrar su sueldo: “El 3, 4 y 5 de marzo trabajé todo mi tiempo en conjunto con mi asambleísta en examinar el atropello que cometió el Gobierno colombiano en territorio ecuatoriano, llegando a la conclusión de que este ataque terrorista fue una violación a nuestra soberanía”.
Nómina completa de asesores y asistentes
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