En el 2003 la Policía detuvo a  Jorge Burdet y Concepción Cedeño, acusados de filmar a menores de edad mientras eran abusados sexualmente en su casa, en Galápagos.

El caso sacudió a la ciudadanía, que exigió al Estado condenar la pornografía infantil, pues hasta entonces esa actividad no estaba tipificada como delito. Recién a mediados del 2005, el Congreso  incluyó en el Código Penal sanciones de 16 a 25 años de reclusión mayor para quienes usen a niños en escenas pornográficas y las comercialicen.

La presidenta de la Fundación Voces del Silencio y defensora de las víctimas de los Burdet Cedeño, Wilma Torres, señala que la legislación es incompleta, pues no se habla sobre los usuarios de internet. “El Estado debe establecer políticas para regular a los consumidores constantes de pornografía de niños”, acota.

Una de esas políticas, menciona, debe ser el reforzar a la Policía. En este sentido, el jefe de la Dinapen, Johnny del Salto, asegura que controlar el acceso a páginas de contenido sexual en el país es una tarea muy  difícil, por la falta de logística.

“No tenemos el personal capacitado en el uso de internet ni los ordenadores y programas para el rastreo de las páginas pornográficas”, refiere. Del Salto agrega que en su entidad  solo hay 56 agentes y solo 10 se dedican a investigación; los demás hacen otras tareas, como custodiar los centros de internamiento para menores.