Para que un país prospere es fundamental contar con un sistema de administración de justicia probo. No existe posibilidad alguna de combatir la corrupción, eliminar la impunidad ni garantizar seguridad jurídica y con ella las actividades lícitas, si no se cuenta con jueces intachables, cuya sola presencia imponga respeto, no solo por su conocimiento, sino por su honestidad y valoración superior de la justicia.

¿Es el sistema de administración de justicia del Ecuador confiable? Definitivamente no.

Dos hechos recientes, entre muchos otros, lo demuestran. La corrupción en el concurso recién realizado para designación de jueces y las gravísimas denuncias públicas en contra de varios ministros que acaban de condenar al Banco del Pacífico al pago de una millonaria indemnización en un juicio por daño moral.

Con anterioridad se pensó que con el sistema de designación actual, de cooptación, el problema judicial se solucionaría. Lamentablemente, los resultados están a la vista. Tenemos una Corte Suprema de Justicia con algunos miembros seriamente cuestionados y un Ministerio Público que, salvo excepciones,  no ofrece garantías de imparcialidad.

¿Qué hacer en este momento cuando hemos llegado a cotas inimaginables de corrupción judicial? Primero que nada admitir esta realidad y no pretender taparla con medidas parche, como se ha sugerido en la Soberanísima.

Creo que es necesaria una reestructuración total del sistema de administración de justicia, para establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo: por mandato de la Asamblea (el tema de los plenos poderes fue resuelto por el Tribunal Constitucional, en una errática decisión que, aunque no nos guste, debe ser cumplida si queremos inaugurar un sistema que acate las decisiones de los jueces) debe limitarse la Corte Suprema a nueve miembros, escogidos de entre los actuales, quienes, por cooptación y unanimidad, deben designar a los restantes, hasta que se determine el número definitivo de integrantes cuando se dicte la nueva Constitución. El mandato deberá autorizar que de inmediato los nueve magistrados, no el Consejo de la Judicatura, procedan a la reestructuración total de las cortes y tribunales de todo el país, designando jueces y ministros de entre abogados menores de 35 años que hubieren obtenido las mejores notas en las correspondientes Escuelas de Derecho, privilegiando a aquellos que tengan títulos de posgrado.

A mediano plazo: en razón de que carecemos de Escuela Judicial, escoger a los mejores abogados de hasta 40 años, por notas obtenidas y posgrados alcanzados, y enviarlos al exterior por un periodo de al menos tres años, para formarlos como jueces y fiscales. Todo será costeado por el Estado, incluyendo una remuneración digna por todo el tiempo que dure su formación. Al regreso, luego de su formación, integrarán las cortes y fiscalías, serán bien remunerados e inaugurarán una auténtica carrera judicial.

A largo plazo: crear una Escuela Judicial como órgano especializado, académico y despolitizado que permita la formación de jueces y fiscales de los cuales se nutrirá en el futuro el sistema de administración de justicia.

Lo peor que nos podría pasar es que, como en Venezuela, se venga la emergencia judicial simplemente para cambiar a unos por otros. Lo cual sería fatal.