Una comisión conformada por un grupo multidisciplinario de científicos ecuatorianos había recomendado el año pasado al Gobierno demandar a Colombia por el tema de las fumigaciones aéreas e incluso se reunió en octubre con abogados que llevarían el caso a la Corte  de La Haya.

El grupo trabajó durante tres meses en el tema y produjo un informe titulado: “El sistema de aspersiones aéreas del Plan Colombia y sus impactos sobre el ecosistema y la salud en la frontera ecuatoriana”.

En este informe financiado por el Gobierno ecuatoriano y presentado en abril del 2007 por la entonces canciller María Fernanda Espinosa, se establecen los impactos que la aspersión aérea del ‘paquete herbicida’ (que contiene glifosato y otros componentes) generó en la población y el ambiente de las poblaciones fronterizas.

Según el director del Laboratorio de Genética de la Universidad Católica del Ecuador, César Paz y Miño, que realizó estudios entre la población fronteriza en el 2005 y luego en el 2007 como parte de esta comisión, “hay evidencias suficientes del problema causado por las aspersiones aéreas”.