El lunes se conocerá en qué instituciones públicas se cobra el llamado diezmo a los burócratas cuyos recursos alimentan las arcas de Alianza PAIS.
Así lo reveló el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, quien dijo que el pasado 25 de marzo los presidentes de las asociaciones de servidores públicos analizaron el tema y se dio una semana de plazo para conseguir pruebas de que se exigen aportes económicos para el partido de Gobierno.
García comentó que los servidores públicos que están a contrato no denuncian por temor a perder su plaza de trabajo, pero aclaró que el caso de la Superintendencia de Compañías está más que comprobado y “es evidente que no es un aporte voluntario, porque desde el momento en que el mismo Superintendente se pone como primero en la lista, ya es una coacción para el personal”.
El dirigente de los burócratas insistió en que es difícil sostener que los aportes son voluntarios, porque los ingresos de los empleados públicos son bajos y algunos preferirían dar esos recursos a los familiares que no tienen trabajo.
García comentó que “a los evangélicos se les obliga dar un diezmo, y si no lo hacen entran en desgracia con Dios; aquí en el sector público, si bien no entran en conflicto con Dios, pero sí con el que le dio trabajo”.
Insistió que se conoce que en varias instituciones públicas se recoge el diezmo, pero mientras no haya las pruebas no se realizará la denuncia pública.
El tema del cobro de diezmos salió tras la denuncia de los empleados de la Superintendencia de Compañías de que se exigía un aporte para el partido de Gobierno. Ayer los empleados continuaron con las protestas en contra del superintendente Francisco Arellano y en la tarde unos 50 trabajadores llegaron al Palacio de Carondelet para hablar con el Mandatario pero sus esfuerzos fueron en vano porque solo los atendió el asesor Mario de la Torre.
El miércoles pasado, los funcionarios de la Superintendencia protagonizaron una protesta en las instalaciones de la dependencia en Quito, para exigir la salida de su titular. Ellos lo acusan, además de cobrar porcentajes salariales a los empleados para financiar gastos de Acuerdo PAIS, de contratación ilegal de personal y compra y venta injustificada de vehículos. En Guayaquil, los trabajadores de la Intendencia de Compañías paralizaron momentáneamente sus actividades el jueves pasado para rechazar la gestión de Arellano.
Apuntes
Respaldo
Ante las denuncias hechas en contra del superintendente de Compañías, Francisco Arellano, el presidente Rafael Correa aseguró que el funcionario cuenta con el apoyo del Gobierno y que “no podría dudar jamás de su honradez y rectitud”.
Denuncias en Guayaquil
Jimmy Salazar, presidente de la Asociación de Empleados, denunció que en Guayaquil los 250 trabajadores de la Intendencia de Compañías han sido obligados a dar $ 10 para el arreglo de acondicionadores de aire y a comprar suministros de oficina con su dinero.
En Ciudad Alfaro
Representantes de los funcionarios de la institución en Guayaquil y Quito, el lunes pasado presentaron documentación sobre las denuncias ante la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Asamblea Constituyente.
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