Este parece ser el gran dilema que, en cuanto a la administración de justicia, tiene la Soberanísima de Montecristi. Para dilucidarlo se ha invitado a su seno a algunos expertos, entre ellos al Dr. Luis Pásara, reputado investigador de la Universidad de Salamanca, quien ha expresado en varios foros que los sistemas que existen son esencialmente políticos e institucionales. En los primeros se incluyen a la elección popular, la designación por el presidente de la república y el Congreso o por sus delegados. En los segundos, a través de consejos, integrados por delegados de las cortes, universidades, colegios profesionales, etcétera.
El experto ha mencionado que cualquier sistema de selección debe garantizar a los ciudadanos independencia de sus juzgadores, sustentarse en la carrera judicial, en los méritos y aptitudes, previa evaluación de la trayectoria y de la capacidad para resolver procesos. Ha sugerido también que es deseable la existencia de concursos públicos inobjetables, nombramientos no sujetos a plazos, sistemas confiables de evaluación de la gestión (fundamentalmente cuantitativa) y un efectivo control disciplinario.
Sin embargo, creo que estos aspectos, siendo sumamente importantes, no van a solucionar de ninguna manera la profunda crisis judicial que soporta el Ecuador. ¿La razón? Porque creo que por culpa principalmente del decadente sistema universitario ecuatoriano, no tenemos en la actualidad de dónde escoger a esos seres superiores que tienen la enorme responsabilidad de administrar justicia.
Ser juez exige, como es sabido, una calidad de ser humano especial: vocación, honestidad, conocimiento y una capacidad superior para dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, para hacer justicia. Conseguir estos seres superiores no es problema menor. De hecho, en el Ecuador no existe una Escuela Judicial. Nadie enseña a los abogados cómo ser jueces. Nadie los forma adecuadamente para esa misión fundamental. En la práctica, los jueces son abogados que han estudiado para ser abogados, pero no para ser jueces.
Es como si quisiéramos tener expertos en cardiología para operaciones de corazón abierto y solo tuviéramos facultades de Enfermería.
El problema, como se observa, es de casi imposible solución. Si tuviéramos suficientes aspirantes probos para la judicatura, la cuestión de quién los designa no tendría mayor dificultad. Por ello, creo que la Asamblea, si no aborda esta realidad, no solucionará a este respecto, absolutamente nada. Peor aún si como se anuncia, existiría la posibilidad de garantizarles estabilidad a los jueces actuales a través de la implantación de la carrera judicial.
Si para nadie es desconocido que el sistema de administración de justicia actual, que incluye a jueces y fiscales es absolutamente caótico e ineficiente, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir garantizar a los actores del caos la permanencia definitiva en el sistema judicial? ¿Será porque en el Ecuador quien tiene el control sobre los jueces tiene realmente el poder político?
No cabe duda que esta hora del país exige ideas revolucionarias. Para nada es una revolución preparar un mandato para evitar la posesión de unos cuantos jueces. Es alarmante que se denuncien irregularidades tan graves y la fiscalía se dedique a ser pesquisa de rectores de escuelas. ¡Qué lástima!