1.440 planteles fiscales no iniciarán clases el 1 de abril ante la falta de recursos.
A ocho días que se inicien las clases de manera oficial, se agudizan los problemas en los planteles fiscales. Las autoridades tienen prohibido cobrar los 25 dólares de contribución voluntaria, pero tampoco han recibido dinero para reparar los daños de infraestructura y la contratación de personal.
Abril es la fecha que el Ministerio de Educación ha anunciado que asignarán los recursos. Sin embargo, autoridades y padres de familia se muestran “incrédulos” que el dinero esté a tiempo, porque el año pasado en algunas escuelas los rubros llegaron en junio.
Luis Chancay y Jorge Itúrburu, voceros de las asociaciones de Directores de Escuelas y Jardines de Infantes (Andej-G) y de Rectores de Colegios e Institutos Superiores del Guayas (Arecise), respectivamente, anunciaron ayer que no empezarán las clases el 1 de abril.
Ese día, dijeron, será más bien una convocatoria de los padres para que constaten las falencias con que se inicia el año escolar. En ambas asociaciones están agrupadas 1.440 escuelas, jardines y colegios.
Ante esta problemática, en algunos planteles, pese a la prohibición, los representantes de los alumnos –unos porque dicen estar de acuerdo y otros por necesidad de un cupo– aceptan realizar pagos.
Ayer la Fiscalía del Guayas realizó un operativo sorpresa en cinco planteles fiscales con el objetivo de verificar que se cumpla la disposición ministerial que prohíbe el pago de contribución voluntaria.
“Nos cobran 5 dólares por la solicitud, el bolsillo y la papelería y en el banco debemos pagar 8 dólares”, señaló Alexandra Pincay, quien matriculó a su hijo en cuarto año en el colegio fiscal Teodoro Alvarado Olea (TAO), en la cdla. Miraflores.
Este plantel, al igual que los colegios Francisco Huerta Rendón (anexo a la Universidad de Guayaquil), Provincia del Tungurahua, Ismael Pérez Pazmiño y 28 de Mayo, fueron visitados por el ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, quien acudió acompañado de los agentes fiscales Fernando Yavar, Errol Elizalde y Gonzalo Guilcapi.
“Les he dicho a los padres cero contribución de padres de familia, lo que se está cobrando es la especie valorada que va a la cuenta única del Estado”, explicó Olicia Maridueña, rectora del TAO, quien fue solicitada por Gagliardo para que se trasladara a la Fiscalía de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G).
En el patio del plantel las opiniones de los padres de familia eran divididas. “Sé que están prohibidos los cobros, pero necesitamos la matrícula y además el colegio necesita arreglar las bancas y el Gobierno ha prometido el dinero pero aún no llega”, añadió Dora Merchán.
Maridueña fue apoyada por un grupo de padres de familia que en medio de gritos se opuso a que sea llevada a la PJ-G. Luego de un diálogo, la rectora aceptó ser conducida por la Policía para rendir su declaración.
En la tarde el fiscal Elizalde inició contra ella un juicio, sin orden de prisión, por el delito de concusión (cuando un funcionario público cobra dineros no autorizados por la ley).
Mientras tanto, cerca de 50 supervisores se reunieron ayer con la directora y el subdirector provincial de Educación, Rocío Castro y Ángel Nieto, respectivamente, para conocer las disposiciones de la subsecretaria de Educación, Gloria Vidal.
“Por estudiante van a entregar $ 30 a los de nivel medio y $ 25 en preprimaria y primaria. El reglamento de la Ley de Educación prohíbe que los padres pongan ese dinero aunque sea voluntario”, enfatizó Nieto.
Supervisión
Entre las disposiciones que dio la Directora Provincial de Educación a los supervisores, constan prohibir la venta de uniformes, que los comités de padres no hagan ningún tipo de erogaciones y que las asociaciones de profesores vendan bolsillos, uniformes de gimnasia ni útiles escolares.
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