En zonas limítrofes con Colombia, sus pobladores piden protección. Dicen no ayudar a las FARC.
Hace tres años la paz se rompió en Puerto Nuevo, situado a hora y media de Lago Agrio (Sucumbíos) por carretera, cuentan los vecinos del recinto. El sitio ha sido protagonista y espectador de eventos trágicos.
En junio del 2005 hubo enfrentamientos entre el Ejército colombiano y las FARC a orillas del río San Miguel, que dejaron 19 soldados colombianos muertos. Los insurgentes entraron a territorio ecuatoriano.
En marzo del 2006, los pobladores denunciaron la violación del espacio aéreo ecuatoriano, pues desde allí el ejército colombiano abrió fuego contra rebeldes de las FARC. En agosto del mismo año, el sitio fue blanco de una granada lanzada del lado colombiano que dejó tres heridos y daños materiales.
En enero del 2007, dos avionetas y cinco helicópteros del ejército de Colombia presuntamente fumigaron un sector del departamento de Putumayo que afectó a los habitantes. Posteriormente se denunció una incursión del ejército.
El presidente de la Junta de Pueblo Nuevo, Juan Escobar, cuenta que estos problemas son frecuentes y están indefensos. “Los militares hacen presencia de vez en cuando, dan una vueltita y se van. Solo si pasa algo en la frontera aparece el ejército. Aquí no hay un grupo específico o un retén policial”, dice.
En la zona habitan unas 1.700 personas, de ellas, el 80% son colombianos que llegaron huyendo de la violencia armada.
Uno de ellos, que prefiere la reserva de su nombre, cuenta que seis días antes del último ataque en Angostura, donde murió el segundo líder de las FARC, Raúl Reyes, filmó una presunta violación del espacio aéreo ecuatoriano por parte del ejército colombiano.
En un avión denominado “fantasma”, porque no puede ser detectado por los radares, sobrevolaron el poblado en tareas de reconocimiento.
Se denunció el hecho a las autoridades de la provincia, pero nadie hizo nada, asegura Escobar.
Este lugar y otros de la frontera están en la mira de militares ecuatorianos. El coronel Javier Pérez, oficial de Inteligencia de la IV División del Ejército, dice que “hay indicios de que colaboran en la instalación de las bases clandestinas”.
Una colombiana que vive allí hace diez años lo desmiente. “¿Usted cree que si nosotros fuéramos colaboradores de la guerrilla, íbamos a vivir con tanta necesidad?, estaríamos tapados. De pronto ellos (guerrilleros) arriman (se acercan), hacen las compras, pero salen. No viven aquí, ni se ha visto que tengan propiedades”, indica.
Según la mujer, llegan vestidos de civil. “Nuestro deber es atender al que entra y al que sale (...). ¿En qué les podemos colaborar?, si nosotros estamos más necesitados que ellos”.
Los sábados y domingos se realiza una feria a la que llegan en canoa o lancha, cruzando el río San Miguel, compradores del lado colombiano y zonas cercanas. “Pero aquí no se vende en grandes cantidades”, asevera Enrique Guamán, dueño de una farmacia.
Mientras muestra sus productos, asegura que las medicinas son “insignificantes: hay Acetaminofén, Tempra, Amoxicilina, crema para los hongos. Aquí entra un civil y yo le vendo, no le estoy preguntando quién es. Vendo por unidad”.
Lo último, explica, porque hay una prohibición para los comerciantes: solo pueden traer mercadería hasta por mil dólares, y en el caso del gas, cerca de 1.800 cilindros cada 15 días. Si hay de más, se requisa.
La administradora de un billar prefiere callar y mirar de lejos la situación.
Solo atina a decir que ya está acostumbrada a escuchar lo que pasa por ahí. “Hay disparos y uno espera no ser la siguiente”, dice.
Detalles
controles
Destacamentos
El Ecuador tiene 14 destacamentos de control militar en la frontera con Colombia. Entre ellos están Mataje (Esmeraldas); Tobar Donoso, Chical y Maldonado (Carchi); General Farfán y Puerto Nuevo (Sucumbíos)
Recursos
Según el Ministerio de Defensa, al Estado le cuesta unos $ 100 millones anuales el control de la frontera con Colombia, lo que implica mantener una presencia efectiva de militares.
Reportes
Durante el 2007, al menos 13 personas fueron reportadas como desaparecidas en la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Sucumbíos. La mayoría de denuncias afirman que se trata de casos de secuestros y cobros de deudas.
Ediciones Anteriores
