Han pasado casi diez años desde su creación, pero en ese periodo la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño (Corpecuador) solo ha invertido $ 280 millones en su trabajo, aunque la meta era más de $ 800 millones.
Ex directores de la entidad sostienen que la falta de asignaciones estatales complicó la ejecución del plan maestro que detalla las obras por realizar, entre las que constan la reparación de puentes y vías, además de escuelas y centros de salud.
Xavier Casal, actual presidente del organismo, sugiere que Corpecuador puede convertirse en un ente de prevención ante desastres, pero ese cambio de funciones depende ahora de la Constituyente.
La reconstrucción de las zonas azotadas por el fenómeno climático de 1998 se estimó en $ 3.000 millones, pero Corpecuador (entidad encargada de las obras) trabajó con un plan de $ 800 millones.
La constante falta de recursos económicos y la inestabilidad de su directorio han incidido en los resultados de la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño (Corpecuador): ha cumplido solo con el 35% de su trabajo, luego de casi diez años de operación.
Aunque fue creada por ley el 7 de agosto de 1998, la entidad comenzó a efectuar obras al año siguiente. Luego de la elaboración de un plan se empezó a edificar varios puentes derribados por la crecida de los ríos, a reconstruir carreteras, caminos vecinales, escuelas y centros de salud.
El objetivo era concluir las tareas en un periodo no menor a una década contada desde la promulgación del cuerpo legal que la estableció. Pero no se alcanzó la meta.
A cinco meses de que se cumpla ese plazo, Corpecuador registra un déficit en las obras planificadas, como lo reconoce el actual presidente del directorio, Xavier Casal: hasta octubre del año pasado la inversión de la entidad alcanzó casi $ 280 millones, pese a que se requerían más de $ 800 millones.
La falta de asignaciones económicas ha sido un impedimento para el desarrollo de unas 600 obras en las siete delegaciones que posee la institución: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Caluma, Guayas y El Oro, donde decenas de comunidades han esperado por años la reconstrucción.
Entre los proyectos pendientes constan principalmente la reparación de vías y puentes en todas las delegaciones. Son obras de distintos valores, como el viaducto Río Hacienda Ambocas, en el cantón Portovelo (El Oro), que demanda una inversión de $ 100 mil, la vía San Mateo-Rioverde, en Esmeraldas, que implica un desembolso de $ 13 millones y la carretera San Carlos-Balao, en Guayas, a un costo de $ 5,2 millones.
Marcos Quiñónez es un comerciante que vive las consecuencias de lo que él llama “el olvido de las autoridades”. Casi a diario debe transitar con su vehículo por tramos deteriorados de la vía Lagarto-Pizare-Anchayacu (de más de 15 kilómetros), en la provincia de Esmeraldas.
“Se pierde tiempo, se daña el carro y cuando llueve es peligrosísima por el lodo”.
La prefecta de esa localidad, Lucía Soza, ya no quiere “saber más de Corpecuador”. “Esa vía no la han terminado de arreglar en años, lo mejor es que esa institución desaparezca, no se ha cumplido con muchas obras, quizás porque no somos una de las ‘grandes provincias’”.
Según los estudios que realizó Corpecuador antes del inicio de los trabajos, el presupuesto se debía repartir de acuerdo al grado de afectación. Manabí debía recibir el 34,60%, Guayas el 22,90%, Esmeraldas el 16,30%, Los Ríos el 9,10%, El Oro el 8,80%, Caluma el 4,30% y Santo Domingo el 3,90%.
Esa distribución fue producto de un “minucioso análisis”, asegura María Eloísa Velásquez, quien se desempeñó como coordinadora de planificación de la entidad ocho años. Sin embargo, destaca que el plan maestro de Corpecuador que registraba en detalle las obras necesarias “nació desfinanciado”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley de creación del organismo, tres rubros básicos conforman el presupuesto de Corpecuador: el 10% de la participación estatal en el incremento de las exportaciones petroleras, el 25% de la rentabilidad anual del Fondo de Solidaridad y el 0,7% del valor de exportación de banano.
No obstante, estas asignaciones no se cumplieron en los montos proyectados (ver gráfico), refieren tres de los nueve presidentes del directorio (delegados del Jefe de Estado) que ha tenido Corpecuador desde su nacimiento: Xavier Casal, Jorge Tola y José Santos Ditto.
En los dos primeros años el gobierno central trató de respetar las asignaciones establecidas, anota Jorge Tola, quien se mantuvo en el cargo durante casi cuatro años, en el gobierno de Gustavo Noboa.
“Teníamos la esperanza de que los presidentes que llegasen luego atendieran las necesidades de Corpecuador”. Sin embargo, a excepción del primer periodo, todos los años hubo un déficit presupuestario en la corporación, afirman Santos y Casal.
“Un gobernante responsable hubiera buscado qué hacer”, enfatiza María Eloísa Velásquez, al analizar la falta de recursos que afectó a la entidad, especialmente desde el 2001.
El retraso en la ejecución de obras generó que los moradores de diversas zonas se acostumbren a vivir con las necesidades que creó El Niño, e incluso que en cantones como Pedro Carbo y Lomas de Sargentillo se modifiquen los requerimientos.
“Después de diez años todo cambia. En esta parte de Guayas, por ejemplo, es importante la edificación de una represa que evite el desbordamiento de los ríos”, comenta el dirigente agrícola Julio Carchi. “Obras de este tipo pondrían a salvo a más de 20.000 hectáreas de cultivos y aseguraría la alimentación de miles de personas”.
La prioridad del plan maestro era la reconstrucción de viaductos, tarea contemplada en el rubro de reconstrucción vial que recibía el 83% de los recursos (el 17% era para la zona urbana) sin embargo, casi diez años después todavía hay infraestructuras inconclusas como el puente de El Ceibal, del cantón Rocafuerte, en Manabí.
La consejera Wendy Macías destaca que la paralización de esta obra y de otra como la reparación de la vía Mejía-Cruz Verde, de 15 kilómetros, perjudican a miles de personas que requieren de accesos más ágiles para mejorar especialmente sus actividades comerciales.
El malestar también es notorio en Los Ríos. “Con la producción bananera de esta provincia llegan los fondos a Corpecuador, pero aquí no se ha cumplido”, reclama el prefecto de esa provincia, Bonifacio Morán.
Pese a que el plan maestro de Corpecuador se revisó en dos ocasiones, no incluyó obras de presupuestos elevados. Tampoco se destinaron recursos para efectuar otros análisis de los sectores afectados que permitan identificar la variación de las condiciones de las zonas perjudicadas en 1998.
En estos aspectos incidió la constante modificación de los directorios y gerencias, sostienen los representantes de la entidad. En nueve años de funcionamiento, Corpecuador ha contado con nueve presidentes e igual número de gerentes.
“Las ideas de los antecesores muchas veces no fueron apoyadas por los nuevos funcionarios”, asegura Casal, quien agrega que algunas administraciones no estuvieron conformadas por personas capacitadas en la temática de la reconstrucción.
La inclusión de obras no contempladas en el plan maestro (como la denominada Casa Olmedo, en la provincia de Los Ríos) es otro de los factores que dificultó el cumplimiento de las metas de la entidad, manifiesta la ex coordinadora de Corpecuador. “La entidad se politizó y eso alteró el programa establecido desde el principio”.
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