11% del territorio nacional ha sido convertido en área agrícola y ganadera, afirman autoridades.
Casi 200.000 hectáreas de bosques son deforestadas cada año en Ecuador. Esa es la cifra que maneja el Ministerio del Ambiente y que fue proporcionada al presidente de la República, Rafael Correa, antes de la firma del decreto ejecutivo 931.
Ese documento, suscrito el pasado 28 de febrero, se convierte en el primer paso para la aplicación de un plan de reforestación anunciado por el régimen, que paralelamente busca reducir la explotación maderera en los bosques nativos.
La “altísima” tasa de deforestación, según el Gobierno, será atacada desde este año con la siembra de árboles con fines comerciales. Y para esto traspasó al Ministerio de Agricultura la competencia en materia de regulación y aprovechamiento de plantaciones forestales que poseía hasta el mes pasado el Ministerio del Ambiente.
“Hay políticas que restringen el comercio y la explotación de bosques que son comerciales y que se los trata dentro de una política de medio ambiente”, refiere Walter Poveda, ministro de Agricultura.
Tras la firma del decreto se excluye de esas políticas a especies como teca, eucalipto, balsa y pino, cuya explotación puede darse más rápido (15 a 25 años) que especies nativas, como el guayacán, que pueden tomar más de 50 años.
Al incentivar la producción de esta clase de árboles, se pretende reducir la “presión sobre las áreas protegidas, como la Amazonía y Esmeraldas”, indica Manuel Bravo, subsecretario de Capital Natural.
Actualmente, en diversos sectores del país se evidencia el efecto de la deforestación que ha dado paso al uso agresivo de suelos para la producción agrícola o ganadera. Las autoridades ambientales califican a esas áreas como “severamente intervenidas”, es decir que prácticamente han sido convertidas en potreros.
En el país hay aproximadamente 3’000.000 de hectáreas de suelo con esas características, lo que representa el 11% del territorio nacional, de acuerdo a datos oficiales. Con este plan, el Gobierno espera reducir esa cifra. “Creemos además que si hay madera de cultivo disponible se puede disminuir la presión de las madereras sobre el bosque nativo”, afirma Bravo.
Para esto, se creará una entidad denominada Pro Forestal (bajo el control del Ministerio de Agricultura), que se encargará de promover la producción de estas especies para abastecer el mercado nacional.
Aunque no habla de cifras, el ministro Poveda cree que el proceso dejará “ganancias significativas”. “El Gobierno va a ganar mucho porque habrá generación de empleo”.
Tomás Rovayo, director de la Asociación ecuatoriana de productores de teca, considera que la iniciativa gubernamental puede dar resultados “si se concretan las líneas de crédito”. “Es un negocio donde el dinero no se ve de forma inmediata, sino a largo plazo, no todo el mundo tiene el capital para invertir en este tipo de actividad”.
Pro Forestal será el ente encargado de buscar los mecanismos de financiamiento para otorgar créditos a largo plazo. Instituciones como los bancos de Fomento o de Desarrollo serían los encargados de cumplir con esa función.
Mientras, el subsecretario de Capital Natural advierte que la transferencia de competencias no avala la depredación de bosques nativos con el fin de sembrar especies comerciales. Para impedirlo, el Ministerio del Ambiente deberá ejercer un estricto control a las áreas de producción, sostiene.
En ese punto se pueden presentar complicaciones, opina el ingeniero forestal Erick Hortsman, quien considera complicada la aplicación de un sistema de control efectivo. “La idea de reforestar es buena, pero es conocido que el Ministerio del Ambiente tiene limitaciones para efectuar el control porque no cuenta con los recursos (económicos) para hacerlo”.
Con la aplicación de este plan se pretende reforestar un millón de hectáreas en cinco años, contados a partir de la operación de Pro Forestal, cuya presentación se ha anunciado para el próximo jueves.
Detalles
EL DECRETO
Competencia
El Ministerio de Agricultura tiene autorización para regular las actividades solo en bosques secundarios o severamente intervenidos, es decir, predios estatales o privados que por cualquier motivo posean menos del 30% de la denominada área basal (los que tienen más del 40% son considerados bosques primarios).
Sin cambio
El Ministerio del Ambiente seguirá ejerciendo la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y será el encargado de la protección de los bosques y el fomento de plantaciones forestales con fines de protección y recuperación de áreas degradadas.
Informes
Según el decreto ejecutivo 931, el Ministerio de Agricultura llevará el registro de las plantaciones forestales y deberá remitir mensualmente la información respectiva al Ministerio del Ambiente.
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