El Gobierno ecuatoriano reconoció este miércoles que deberá entregar una compensación a la petrolera estadounidense Occidental por una pugna tributaria, pero advirtió que busca reducir el monto inicialmente fijado por un tribunal en 160 millones de dólares a favor de la firma expulsada en el 2006.
La cancelación cerraría el proceso judicial iniciado por Occidental por ser supuestamente excluida ilegalmente de un mecanismo de devolución de impuestos que aplica Ecuador para impulsar sus exportaciones, lo que fue sancionado por un tribunal arbitral internacional y por la justicia británica.
La acción emprendida por la compañía buscaba la devolución de 75 millones de dólares en el 2002, pero, con la inclusión de otros rubros vinculados con la disputa, el monto puede elevarse hasta en 113,3 por ciento.
Sin embargo, el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, reconoció que busca reducir ese pago por distintas vías.
"Corresponde pagar. Estamos analizando la fecha más oportuna. Habrá que definir cuánto nos debemos y cuánto nos deben", dijo a periodistas Ortíz. "No será esa cantidad definitivamente", agregó, en referencia a los 160 millones de dólares fijados conforme las resoluciones judiciales.
Ecuador puede debatir con Occidental únicamente el monto, pero el pago debe concretarse en línea con fallos adversos de un tribunal arbitral internacional, que consideró la política del país como discriminatoria, y de otras instancias renuentes a tramitar apelaciones.
Ortíz dejó entrever que la compañía adeuda impuestos al país y se buscaría realizar un cruce de cuentas.
La pugna tributaria desató un conflicto contractual que derivó en la confiscación en mayo del año pasado de los activos de Occidental por supuestamente haber transferido en el 2000 el 40 por ciento del bloque amazónico 15 a la canadiense EnCana sin contar con el aval del Estado.
Amparándose en una declaración de caducidad del contrato de exploración y explotación de crudo, Ecuador tomó control de las concesiones de las que Occidental extraía unos 100.000 barriles por día (bpd) de crudo y que actualmente se encuentran bajo administración de una unidad estatal.
La compañía ha calificado a la acción como una expropiación y demandó una compensación de al menos 1.000 millones de dólares ante un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial.
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