Los organismos de justicia y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción esperarán comprobar la veracidad de la documentación ofrecida por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y que, según él, probaría un supuesto vínculo del Gobierno del Ecuador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para  analizar el inicio de una investigación del caso.

El ofrecimiento de remitir la información a la justicia la formuló el jefe de Estado, Rafael Correa, a fin de desvirtuar las denuncias de Colombia, que se fundamentaron en supuestas cartas recuperadas de las computadoras del líder de las FARC, Raúl Reyes, fallecido durante el bombardeo en territorio nacional por parte de  militares del país del norte.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) coincidieron en que no existen fundamentos para iniciar una indagación previa, tal como lo determina la ley.

Según el magistrado Mauro Terán (CSJ) si la Fiscalía da paso al pedido, primero deberá determinar el presunto delito cometido, que hasta el momento no ha sido identificado.

En el supuesto de que se inicie la investigación, dijo, tendrá que establecerse –con certeza– la existencia de la computadora de Reyes, ya que aún quedan interrogantes sobre el porqué quedó intacto el disco duro de esta, pese a la dureza del bombardeo.

A lo mejor, dijo Terán, lo más viable es investigar el supuesto financiamiento de las FARC a la campaña de Correa, pero el caso pasaría a los organismos de justicia electorales que son los jueces competentes.

Otro magistrado, que prefirió mantener su nombre en reserva, coincidió con Terán y explicó que por la delicadeza del asunto, este caso deberá tener un tratamiento prudente, porque ahora es muy aventurado decir que existió delito.

A criterio de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), René Maugé y Andrés León, el organismo que integran no puede investigar de oficio la denuncia del supuesto  financiamiento irregular de la campaña presidencial del actual mandatario.

Según estos vocales del TSE, para que exista un caso debe plantearse una denuncia por parte de un sujeto político, tal como ocurrió con el ex presidente Lucio Gutiérrez, quien fue sancionado con la pérdida de los derechos de ciudadanía por haber recibido el financiamiento del Partido de los Trabajadores de México.

Carlos Ortiz, vocal de la Comisión Anticorrupción, planteará la investigación del caso  mañana ante el pleno porque dijo es un caso de coyuntura que requiere investigación, pero si cae en el campo político no interferirán, ya que aseguró “no es nuestro campo”.