Lo conocí hace muchos años, hermano mayor de uno de mis compañeros de clase, asistía al mismo colegio. Le perdí la pista al terminar el bachillerato, en que cada compañero tomó su propio rumbo.
Supe de él y de su ingreso a la Cancillería y su recorrido por la carrera y sus diferentes cargos. Lo volví a encontrar años después en Ginebra como embajador nuestro ante los diferentes organismos internacionales allí localizados. Le vi moverse con habilidad en los complejos corredores de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Poco después me enteré de su rol en concretar la Convención para Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su activo papel en el Comité creado por la Convención contra la Tortura y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes del que hace parte.
Pero hoy quiero reconocer su papel en lograr una prórroga por 10 meses del Atpdea, este sistema de preferencias que otorga el Congreso de Estados Unidos a los países andinos. El Gobierno le encomendó la responsabilidad de lograr la mayor prórroga posible de este sistema, que terminaba el viernes 29 de febrero. Contaba para ello con los valiosos funcionarios que hacen nuestra embajada, una empresa de lobby en Washington, el apoyo de varios gremios empresariales y con sus propias capacidades y destrezas. No contó por acción u omisión con el apoyo de responsables políticos del Gobierno en Quito que en esta ocasión, contrariamente a Bolivia, no viajaron a Washington y tuvo que desenvolver su acción en relativo silencio. También enfrentaba el reducido peso que tradicionalmente tienen los embajadores frente a un Congreso fuerte como el norteamericano, más centrado en atender a sus electores que a los intereses de países extranjeros.
El señor Embajador logró confirmar el apoyo de la bancada demócrata, especialmente del distinguido representante por Harlem, Charles Rangel, presidente de la mesa de medios y arbitrios y del representante republicano en ella, Tim Burton. En el Senado el conjunto de esfuerzos ecuatorianos y andinos consiguieron que la senadora republicana Dole, circulara una carta en que casi una docena de senadores de esa bancada se comprometía a respaldar la prórroga. Inicialmente el compromiso era aprobar un apoyo de casi tres años, lo mismo que para otros sistemas de preferencias, pero factores adversos lo impidieron.
En efecto, el principal interés del Gobierno de Estados Unidos era lograr la ratificación del TLC con Colombia, el acuerdo culminado en el 2006, junto con el de Perú y que Ecuador no concluyó. Este sabía que una ratificación pura y simple del Atpdea quitaría presión sobre los congresistas. Para presionar por ese punto contaba con los argumentos del poderoso senador republicano Grassley, quien buscó separar a los países entre buenos: Colombia y Perú, y malos, Ecuador y Bolivia. De estos últimos, según se supo, argumentó una “supuesta animadversión de Ecuador y Bolivia” hacia Estados Unidos. La tentación de algunos congresistas americanos era incluir en la prórroga algún tipo de condicionalidad. La gestión en esto del señor Embajador fue clave al demostrar que todo lo que hace el país está enmarcado en derecho internacional y que cualquier condicionalidad haría inviable el Atpdea por decisión del país.
El embajador Luis Gallegos le sirvió al país con relación a un tema de interés nacional, lo hizo con profesionalismo y responsabilidad, sin renunciar a principios básicos de la relación internacional. El país le debe un agradecimiento.