Junta Bancaria resolvió cambios en la base de deudores y estableció pérdidas de Filanbanco.
La Junta Bancaria resolvió ayer que los garantes salgan de la Central de Riesgo y también fijó el monto de las pérdidas de Filanbanco en $ 661,5 millones. La situación de esa entidad fue el último punto de la sesión de ayer, en la que participó el presidente Rafael Correa.
Al final se aprobó el informe de Deloitte & Touche del 2001, que determinó que las pérdidas del banco al 2 de diciembre de 1998 sumaban 4’313.516 millones de sucres, que se trasladaron al tipo de cambio de la fecha (6.521 sucres). Filanbanco debe confirmar a la Superintendencia de Bancos el reverso del aporte por $ 107,3 millones realizado al Fideicomiso Mercantil AGD. Por ello, seguirán acciones legales y se harán auditorías de procesos administrativos en la Superintendencia, Banco Central, AGD y Filanbanco.
Correa estuvo en la sesión hasta las 13:00, y al salir dijo que “es un hecho histórico. Se acabó la época del dominio fiscalista financiero”.
Hacía referencia al golpe de timón que se concreta en el tema de la Central de Riesgo. El Mandatario pidió a la Junta que ese sea el tema principal porque “hay que acabar con la trampa”.
Entre las decisiones adoptadas por la Junta está el que solo los deudores principales deben ingresar a esa central y no los garantes. “Usted no me va a convencer de que un garante es un deudor”, respondió Correa a la intendenta nacional jurídica, Raquel Endara, cuando ella señaló lo estipulado en la Ley.
Según el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, invitado a la cita, se aclaró que la disposición que incluye al garante como deudor fue una resolución posterior a la Ley General de Instituciones Financieras. De allí que la decisión de la Junta adoptada ayer establece que se debe acatar el artículo 95.
Sobre ese particular, Correa pidió a la Junta que resuelva que los “garantes que firmaron como deudores solidarios deban salir inmediatamente de la Central de Riesgo y sancionar a los bancos que engañaron a esas personas de buena fe”, indicó la Superintendencia.
También se resolvió que ningún buró de crédito puede entregar información sin la autorización de las personas. “Habrá sanción penal para el mal uso de la información. Esta es solo referencial”, señaló el organismo de control, que no entregará certificaciones crediticias a cualquier persona, pues la información de la Central de Riesgo no será vinculante.
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