La petrolera panameña de capital estadounidense City Oriente ingresó a la lista de contratistas que terminan la relación contractual con el Estado ecuatoriano.

En el 2006, por caducidad, fue la estadounidense Occidental; la semana pasada, por la misma razón, empezó con la brasileña Petrobras y ayer  fue para City Oriente.

“No va a ser posible renovarlo (el contrato) porque la situación es inviable desde el punto de vista técnico y financiero”, dijo el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, en un receso luego de exponerle al presidente Rafael  Correa la nueva matriz energética 2008-2025 que, entre otras cosas, busca definir (un año después de haberse iniciado el gobierno) las políticas del sector.

El encuentro fue en la hostería Laguardia (Puembo), al nororiente de la capital, adonde acudieron todas las autoridades involucradas en los sectores  petrolero, minero y eléctrico.

Pero la terminación contractual no es unilateral: “Hay la posibilidad de que demos por terminado el contrato por mutuo acuerdo”, refirió.
La empresa opera en el bloque 27 en Sucumbíos, al límite fronterizo con Colombia. El documento se firmó el 29 de marzo de 1995 y su vencimiento es el 4 de diciembre del 2021.

City produce un promedio de 3.000 barriles diarios de crudo, de los cuales el Estado tiene una participación del 12,50%. Sus reservas petroleras superan los 16 millones de barriles. Desde 1995 hasta el 2006, la contratista invirtió $ 140 millones.

Hasta el momento, reveló Chiriboga, el grupo negociador  de Petroecuador y de la operadora establecen procedimientos para que la terminación del contrato “cause los menores impactos posibles”.

El objetivo del gobierno es que la compañía no presente más demandas tras el rompimiento del contrato. A fines del 2006 el país afrontó una demanda de City en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Las diferencias surgieron tras la vigencia de las reformas a Ley de Hidrocarburos que les obligaba a pagar el 50% de los excedentes petroleros. Hoy ese reparto asciende al 99% a favor del Estado.

Y mientras discuten una terminación consensuada con City, Fernando Zurita, presidente de Petroecuador, analiza el pedido del Procurador General, de iniciar un proceso de caducidad a Petrobras por haber violado la ley y presentado documentación “engañosa”.

Zurita prefirió no adelantar si notificarán o no a Petrobras con el incumplimiento; pero, en caso de hacerlo, la contratista tendrá diez días para defenderse. Petroecuador no tiene plazo para emitir esa notificación.