Desde el 29 de noviembre pasado, la soberanía ya no reside en el pueblo, sino en los asambleístas que violaron el mandato popular del 15 de abril de 2007. Al hacerlo transformaron a la Asamblea, limitada por el pueblo, en La Soberanísima, que no conoce límites.
La Soberanísima tendrá la enorme responsabilidad de considerar el ‘Mandato Ciudadano de Guayaquil por la Patria’. Ojalá no lo haga en la forma como lo hacen ciertos analistas, quienes califican como una locura el planteamiento autonómico contenido en el mandato, por supuestamente atribuir para las autonomías entre otras, la potestad para fijar y recaudar tributos. El mandato no contiene un enunciado como ese. No hay que caer en la tergiversación para sustentar tesis. Y menos descalificar sin más a quienes creemos en el derecho como garantía de la paz. Se ha dicho que el mandato lo que busca es a través de razonamientos jurídicos deslegitimar el proceso de cambio y mantener las cosas como siempre. Aceptar sin más que vivimos un momento de excepción en el que el orden jurídico no existe, equivale a justificar desde la política la eliminación de la paz, con lo cual, para ser coherentes, habría que cerrar las cortes y jubilar a los jueces, dejando en libertad a los ciudadanos para armarse. Como es obvio, jamás podré estar de acuerdo con esa tesis.
Pese a lo anterior, lo cierto es que el mandato, aparte del tema autonómico, contiene al menos tres aspectos fundamentales que podrían transformar profundamente el país.
Primero, la necesidad de una revolución educativa auténtica al dotar a todos los estudiantes de una educación de calidad, con acceso ilimitado a internet y a un idioma extranjero, lo que supone vencer a las mafias políticas adueñadas de la educación.
Segundo, la obligatoriedad de efectuar una profunda reforma judicial. Sin jueces y fiscales capacitados, honestos, transparentes y superiores, de quienes depende el patrimonio y la libertad de las personas, pensar en un país distinto es inviable. Esto no se logra declarando la emergencia judicial y reemplazando a los jueces actuales por otros afines al régimen, aunque se simulen concursos. Ser juez requiere de una dotación superior que no se encuentra en cualquier abogado. Es urgente preparar jueces formando a abogados de hasta 30 años en un programa financiado por el Estado de al menos tres años en el exterior, con una remuneración acorde a su responsabilidad desde que empiezan su formación.
Tercero, la urgencia de abrir los mercados necesarios para vender lo que producimos. Es inadmisible estar fuera de los mercados norteamericanos, que generan más del 20% del Producto Interno Bruto Mundial. Esta apertura debe generar empleo y, evidentemente, mayores recaudaciones tributarias para beneficio de los más pobres.
¿Le interesa a La Soberanísima realmente el cambio o, por el contrario, se quedará en la retórica que ha destrozado a este país, que mira absorto cómo se van a gastar más de cien millones de dólares en equipo bélico mientras las poblaciones más pobres se inundan al primer aguacero?