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| Me sacaron del asiento por un “importante” |
El jueves 14, por la tarde, debía viajar de Miami a Guayaquil. Mi pasaje fue comprado el 6 de diciembre pasado y ese mismo día me fue asignado el asiento 8B. En varias ocasiones, desde diciembre hasta el mismo día del viaje revisé mi reservación por internet; estaba normal y seguía asignado el mismo asiento.
Una vez que tomé mi asiento (estaba seguro era el mío) en el avión vino un pasajero a reclamarme que ese sitio se lo habían dado a él. Yo, sorprendido, dije que el asiento 8B me había sido asignado desde diciembre. Me replicó que no, que le correspondía a él. Me enviaron al asiento 18G. Fue un abuso. Revisando los detalles, conocí que el tal pasajero no tenía asiento asignado hasta ese día por cambio de fecha de viaje o algo parecido, y valiéndose de influencias en las oficinas de la compañía aérea en Guayaquil, logró que a él y a su acompañante les asignaran los asientos 8A y 8B. Por un pasajero “importante” (un alto ejecutivo de una sociedad de beneficencia del Ecuador), se vulneraron los derechos de otro viajero. Esa es la prueba de la soberbia y predominancia que ejercen ciertos, solo porque llevan un “apellido” u ocupan altos cargos. Atropellan los derechos de los demás. Lo realmente preocupante es que actitudes semejantes son las que hacen daño al resto de ciudadanos que no actuamos de manera despectiva y amañada, sino que respetamos a los demás.
El día que esos personajes “prepotentes importantes” respeten a todos sus semejantes, y cumplan las leyes, normas y reglamentos como todos, se dejará de fomentar el odio de clases, porque comprenderá el pueblo que cada cual tiene iguales derechos y obligaciones.
Benedicto F. Álvarez Firmat, Guayaquil
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| Calles están con huecos |
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Ya habían pasado muchos años desde la última vez que vi tan destruidas las calles de mi Guayaquil. Será que ya me acostumbré a verlas en aceptable estado. Ojo, no digo excelente, solo aceptable.
Han bastado unas pocas lluvias para que no haya una sola calle con carpeta asfáltica que no esté dañada o desmoronándose.
Señor Alcalde, échele la culpa al asfalto, al constructor, al fiscalizador o a quien usted desee, pero no puede permitir que la vialidad se caiga a pedazos. Los baches en las calles no solo afectan el ornato de la urbe, sino que causan un mayor tráfico puesto que los conductores circulan lento para no dañar sus carros, y también dejan un mayor gasto en el presupuesto municipal.
El llamado bacheo es solo parte de la solución; la reconstrucción integral de las arterias principales de la ciudad debe darse de forma urgente. Hágalo a través de otra fundación, si es el caso, pero hay que hacerlo. Sea por la calidad del material, falta de mantenimiento o sea cual sea el motivo, los guayaquileños ya estamos acostumbrados a unas buenas calles. La realidad es que hoy las tenemos como esas que nos recuerdan hace 16 años.
Jorge Coronel Quevedo, ingeniero, Guayaquil
Nuestro Alcalde debe ya trabajar en una ardua tarea como es la de reconstruir las calles de Guayaquil.
Lo apoyamos para que lo haga, pero que sea de acuerdo a un riguroso estudio de la forma o técnica de arreglarlas en su totalidad, y de los materiales durables, buenos, ideales o más recomendables que se empleen con el fin de que aguanten unos diez, o más años, los estragos de las lluvias, sol, peso de los vehículos...; y no solo se repare con capitas de brea únicamente los huecos que hay, porque así se da un aspecto a las vías como si fueran “dentaduras cariadas”, y parchadas con distintos tonos y materiales de “calces”, y con “grumos” o desniveles en su superficie que hacen perder la estabilidad del conductor de un vehículo. No puede ser posible que la regeneración no sea de largo plazo. Que contrate a empresas serias y que eso sí, aplique mano dura, si después en el próximo invierno estas se dañan.
También si es que está a su alcance, (o creo que más bien debería ser competencia de la Comisión de Tránsito del Guayas que nada hace por mejorar) que se prohíba el tráfico de carros pesados por calles donde estos automotores no deben circular porque las destruyen pronto, como suele ocurrir con volquetes, una asombrosa cantidad de colectivos, buses, busetas, contenedores, camionetas de fletes o cargas, que sus choferes por acortar camino se meten por algunas ciudadelas, puentes, como ocurre en Urdesa (puente de Las Monjas, calles Guayacanes, Higueras; puente del Albán Borja...). Adelante con su trabajo señor Alcalde.
Luis González, Guayaquil
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| Calles están con huecos II |
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Sorprende que el Alcalde haya salido prácticamente en defensa de los contratistas del asfaltado de la ciudad, si este se hizo mediante contratación pública, ya que para que estos hayan cobrado los valores correspondientes siempre debió haber un informe de fiscalización que por ley hubo de realizar el Municipio.
El contratista, en caso de haberlo, se limita a ejecutar lo que se le indica en planos y especificaciones (características de los materiales, espesor de la carpeta...).
Si el asfaltado se lo realizó por administración directa (con personal municipal), es el departamento técnico el que debió realizar las pruebas que determinan las características y propiedades de los materiales que se van a usar o están usando. En Guayaquil hay un sin número de laboratorios de resistencia de materiales que pueden diseñar o analizar un asfalto a base de materiales existentes en el medio.
Habría que investigar para determinar las causas, que pueden ser muchas, desde mala fe (hurto, estafa, engaño...) hasta pésima capacidad profesional del constructor, pasando por la calidad técnica de los materiales, su elaboración, traslado, manipuleo, mezclado, colocación e incluso su tratamiento y curado posteriores.
En el caso del asfalto es igual. Son muchos parámetros que deben ser aclarados técnica y profesionalmente, incluso, hasta la buena o mala compactación previa del terreno influye en la durabilidad o no del asfalto. Algo ciento por ciento técnico, el Alcalde lo quiere convertir en político.
Se gastó en algo inservible el dinero de la ciudad y las molestias siguen a la vista.
¿Contraloría debe intervenir. El señor Alcalde debe asumirlo. El Municipio es en gran parte responsable.
También la prensa tiene su parte, en grandes títulos destacan las declaraciones del Alcalde endosando su responsabilidad a Petroindustrial. Al otro día anuncian con igual espacio el uso del asfalto frío pero en solo un pequeño espacio (25%) publican las aclaraciones de los técnicos de Petroecuador. Eso no es nada justo.
Guillermo Jalón Díaz, arquitecto, Guayaquil
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| Pacifictel me ha perjudicado |
Estoy viuda, tengo 70 años y soy usuaria de un número de teléfono convencional asignado a un gabinete de belleza de mi propiedad ubicado en el barrio Orellana de esta ciudad.
Desde hace años que tengo la referida línea siempre la he cancelado bajo la razón social (comercial) de gabinete de belleza, con el respectivo nombre del mismo, por consiguiente este aparecía en la Guía Telefónica; pero por motivo que desconozco ya no consta en esta.
Revisé mis planillas y recién me di cuenta (repito siempre he venido cancelando como local comercial y con su respectiva razón social), que en estas aparece que hasta el 20 de junio del 2004 se ha cancelado en su debida forma, pero luego de esta hasta el día de doy, la empresa telefónica me ha facturado a mi nombre (Clara Luz Riera Córdova) con el mismo número telefónico.
Ahora comprendo, y me doy cuenta, que la demanda de clientes ha decaído por cuanto estos y sus recomendados jamás podían ubicar mi establecimiento para sacar citas con el objeto de que se los atienda. Este cambio de mi razón social, por parte de la empresa telefónica, cosa que yo nunca he autorizado, me perjudica. Este gabinete que tengo es mi único sustento. Cuando algún cliente ha querido indagar por mis servicios y ha llamado a Pacifictel a los números de información 104 y 132, nunca le responden. Ya he reclamado en reiteradas ocasiones a Pacifictel, pero no me hacen caso. Espero que a través de esta carta, mi llamado haga eco en quienes están al frente de dicha empresa; caso contrario me dejarán el camino abierto para iniciar las acciones legales que estime pertinente por esta grave situación.
Clara Luz Riera Córdova, Guayaquil
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| Registrador Tamayo Rigaíl |
El sábado 16 se publicó una carta del abogado José Nebot Saadi que parece sostener que yo he perjudicado a un cliente suyo, pues me he negado inscribir un embargo. El registro, según él lo dice, adujo (seguramente para hacerle daño) que algunas providencias no eran suficientemente claras.
Permítame señalar algunos de los supuestos pretextos que puso el Registro de la Propiedad:
El juez le ordenó al registrador inscribir una anticresis, olvidándose el bien o el inmueble afectado con la anticresis. Yo pregunto, ¿el registrador debía adivinar cuál era el inmueble afectado con la anticresis?
Posteriormente, se señaló el inmueble, pero aquí se olvidaron de determinar los linderos y medidas que contenía ese inmueble. El numeral 4 del artículo 41 de la Ley de Registro determina en forma taxativa que la inscripción debe contener los linderos del inmueble. ¿El Registrador debía violentar lo ordenado por la Ley?
Esta carta podría ser mucho más extensa, pero no cabe cansar a los lectores contestando agresiones absurdas que no tienen el menor sentido, como aquellas que me planteó el doctor César Coronel Jones, a quien me vi obligado, por disposiciones de la Ley, a negarle la inscripción de dos predios que estaban afectados con prohibiciones de enajenar. La reacción del doctor Coronel Jones fue la siguiente: por un lado, tratar de lograr mi prisión, intentando enjuiciarme penalmente, y segundo, me ha demandado por indemnización de daños y perjuicios con la suma de $ 1’222.000.
Estos son los avatares que tienen que sufrir todos y cada uno de los registradores cuando, por sujetarse a la ley, no se inclinan ante las pretensiones de quienes tengan el poder político y el poder económico.
Fernando Tamayo Rigaíl, registrador de la Propiedad de Guayaquil, Guayaquil
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| Algo más sobre el SOAT |
Sigo viendo con sorpresa cómo ya nadie dice nada al respecto del ya conocido por todos Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
He consultado varias páginas de la internet entre estas, la de la Presidencia de la República, Dirección Nacional de Tránsito, y la de varias aseguradoras nacionales, constatando que existen seguros de vida, accidentes, invalidez y muerte, así como los individuales y corporativos; estos últimos ofrecen un mismo servicio a un grupo de asegurados por un mismo valor, pero con la particularidad de que este tipo de seguro mientras es mayor el número de personas aseguradas, la prima es de menor valor.
Considerando que el SOAT ordena a los propietarios de 1’042.000 vehículos que existen en el país, pagar un seguro cuyo costo va desde los $ 29 hasta los $ 130 y haciendo un simple cálculo comparativo, demostraríamos lo exagerado, anárquico, e inconsecuente de este cobro: asumiendo una cifra promedio de $ 50 por unidad asegurada y multiplicándolo por 1 millón de vehículos, nos da la cifra de $ 50 millones. De acuerdo al reglamento del SOAT, el valor por cancelar por las compañías de seguro es de unos $ 5.000 en caso de muerte (tan poco valemos los ecuatorianos); $ 3.500 por invalidez total; $ 2.500 por invalidez parcial; y $ 2.000 por gastos hospitalarios. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito, en el país fallece un promedio de 4 personas por día, multiplicándolo por un año nos da la cifra de 1.460 accidentes con muerte. Como la tasa máxima de pago es de $ 5.000, esto significa que solo desembolsarán entonces a los deudos $ 7’300.000 –y esto suponiendo que todos los accidentados fallezcan– más el 22% que deben transferir las aseguradoras al Fonsat (Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), $ 9’394.000 (este fondo es para cubrir a todos los mencionados en el artículo 14 de la Ley del SOAT). Quedaría en las arcas de las compañías de seguros la cifra de $ 33’306.000. Tanto dinero, ¿por qué?, ¿para gastos administrativos? ¡Es absurdo!
Mi sugerencia en el supuesto de que se revise la Ley, es que en el pago de la matrícula se incluya un único valor para todos los vehículos, con un máximo solo de $ 15 o $ 20, o en su defecto pagar mucho más a los afectados. Serían $ 20.000 por muerte, $ 15.000 por invalidez total, $ 10.000 por invalidez parcial, etcétera, si existe capacidad para ello.
Joel Torres Peasle, Guayaquil
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| Algo más sobre el SOAT II |
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He visto circulando en internet un correo electrónico, y posteriormente en cartas de los lectores de este Diario, un escrito de una persona que en resumen afirma que el SOAT es un negociado del Gobierno.
El escrito parte de la base de que existen dos millones de vehículos en Ecuador, cuando en realidad hay alrededor de 1 millón de vehículos matriculados (más un cierto número sin matricular), y el autor realiza un cálculo de la siniestralidad asumiendo que todos los casos de lesiones corporales han sido reportados a las autoridades competentes.
Según estos factores equivocados de cálculo, el SOAT genera una utilidad de alrededor de $ 88 millones, que según el autor alguien recibiría como beneficio; cuando la realidad es que los valores recaudados se dividen entre once aseguradoras en proporción directa a su gestión de ventas. Tampoco se considera que del total de las primas percibidas, cada aseguradora debe remitir el 22% al Fonsat, que es un fondo administrado por una unidad técnica creada mediante Acuerdo del Ministerio de Gobierno y Policía, para indemnizar las lesiones de las personas atropelladas por vehículos fugados, o que no se encuentren asegurados.
Actualmente no existen estadísticas ciertas, y la siniestralidad puede ser superior a la registrada porque van a incidir diferentes factores como el hecho de que el SOAT casi no tiene exclusiones, y que se presta para el fraude. Asimismo, la siniestralidad va a ser diferente para cada compañía de seguros participante en función al número de reclamos y las primas recaudadas. Sería bueno que las aseguradoras que han asumido el riesgo, tengan utilidad para que en el futuro no deban negociar un incremento de tarifas o retirarse del ramo. Al final del día, el seguro está basado en el principio del cooperativismo para que los reclamos sean cubiertos y las aseguradoras ganen por administrar el riesgo. Sin el SOAT, la parte más débil (el atropellado) hasta el momento no tenía casi ninguna oportunidad de ser indemnizado. Con el SOAT los pagos a los hospitales por parte de las compañías de seguros serán expeditos y sin papeleo, en caso de que el conductor asegurado no huya. En el caso de que huya, el Fonsat debe hacerse cargo, y esperamos que esta unidad funcione a la brevedad posible para cumplir su misión.
Esto no es un negociado. Es una copia del SOAT vigente en Colombia, Perú, y Bolivia que ha beneficiado con éxito a los atropellados de esos países. Nadie sabe qué va a pasar porque esto es una novedad en Ecuador, pero me parece un esfuerzo positivo a favor de la gente más desprovista de nuestra sociedad.
Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, asesor de seguros, Guayaquil
Está muy claro lo que ocurrirá con esto del famoso SOAT: todos los que tienen vehículos pagan obligados el seguro, pero cuando necesiten hacerlo efectivo, ahí vendrán el calvario, los trámites burocráticos, el tire de la pelotita; y a ver si ahora (que ya muchos lo han cancelado y tienen un accidente), las clínicas privadas del país los van a querer recibir así no más.
Como muchas cosas en Ecuador, es una tomadura de pelo, para sacar plata al pueblo. Y hasta ahora nadie de la ciudadanía común sabe exactamente qué mismo contempla a ciencia cierta y cómo se manejará este cuento porque no está nada claro todavía.
Máximo Collantes, Madrid, España
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| El Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza invita a los bachilleres o profesionales a las inscripciones gratuitas para el cuarto curso de la sección nocturna. El inicio de las clases está previsto para el próximo 3 de marzo. Mayores datos sobre esta actividad llamando al teléfono 244-9810. |
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