Negociadores avanzan en propuestas para migrar a contratos de prestación. 

A tres semanas de terminar el plazo impuesto por el presidente de la República, Rafael Correa, para renegociar los contratos petroleros, algunos grupos negociadores han logrado ponerse de acuerdo en más de la mitad de lo que pudieran ser los nuevos documentos; unos “no se salvarán” y otros no alcanzarán a revisarse.

En el afán de terminar todo civilizadamente, las autoridades manejan opciones que se expondrán al Jefe de Estado.

Entre estas: suscribir contratos modificatorios o alcances a los actuales con una cláusula que indique que máximo en un año o 18 meses deberán migrar a la modalidad de prestación.

En una segunda  se considera ampliar hasta por cinco años los actuales contratos, mejorando cláusulas y la participación del Estado con miras a que las operadoras puedan recuperar sus inversiones. Después de ese tiempo migrarán a los contratos de prestación.

En ambas posibilidades el traspaso inmediato no es el factor predominante. Tampoco se descarta. Pero en el evento de que  este último no sucediera, las contratistas ya presentaron ofertas económicas en firme la semana pasada.

Se sujetarán a la Ley de Reforma Tributaria que establece el 70% para el Estado y el 30% para las compañías.

Hablan de nueva inversión, sin revelar montos, más participación en producción y correcciones de “algunos defectos” en los actuales contratos.

José Sánchez, coordinador de los grupos negociadores, indicó  las razones de manejarse en posibilidades. “Si migramos rápido deberá hacerse bajo el reglamento de la Ley 101, que luego de un análisis se determinó que es básicamente el contrato de Agip, que no nos conviene”.

Esa norma rige desde 1984 y, según el coordinador, algunas cláusulas ya no son aplicables porque han quedado obsoletas por el tiempo y  nuevas leyes.  “¿Cómo negociamos si uno de los puntos principales que es información de las amortizaciones no la tenemos?”.

Las estimaciones efectuadas por las autoridades determinan que ese rubro llega a los $ 2 mil millones. La cifra se maneja en  las mesas de negociación, pero no hay certeza.

La única institución que puede certificar cuánto ha invertido cada operadora y cuánto ha recuperado es la Dirección Nacional de Hidrocarburos, pero las auditorías están atrasadas.

Entre los contratos que no podrán salvarse (de los catorce  en revisión) podrían estar Canadá Grande y City Oriente;  las partes intentarán  acuerdos para evitar demandas. Y entre los bloques que podrían no revisarse: Tarapoa y Palo Azul.