La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) fijó en $ 700 millones el monto que estas dos operadoras de telefonía celular deberán pagar al Estado para renovar sus contratos por los próximos 15 años.

En 1993, cada una pagó 58 millones de dólares al Estado.

La parte que le corresponde cancelar a Porta y Movistar aún no se ha definido.

El requisito más esperado por las compañías celulares que operan en el país: Porta y Movistar, para continuar o no en el negocio ya es público.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) fijó en $ 700 millones el valor que estas dos operadoras deberán pagar para renovar la concesión de las bandas o espectro que usan para dar el servicio.

La cifra traída a valor presente, es decir lo que le cuesta por los próximos quince años, según Jaime Guerrero, titular de la Senatel, no es negociable y tampoco es individual.

Cada operadora pagará, de esos $ 700 millones, una cantidad específica que aún no ha sido determinada; y no necesariamente será la mitad.

En la fijación del rubro se considerará el número de abonados, la eficiencia empresarial, el manejo administrativo (no deudas, no problemas de redondeo, no impuestos pendientes), las inversiones efectuadas y otros puntos.

La fecha en que se fijará el monto la decidirá el presidente de la República, Rafael Correa, sus asesores y conocedores del tema.

Definida la cifra individual y con el visto bueno del Jefe de Estado, la Senatel comunicará oficialmente el valor a las operadoras celulares y la telefónica que no pague no seguirá operando en  Ecuador.

Guerrero dijo que deberá armar sus maletas y salir del país, no sin antes “recibir lo justo”, es decir, lo que de mutuo acuerdo hayan estipulado. Antes de eso participarán de un proceso de reversión de activos (de las móviles al Estado).

Los contratos de las dos operadoras celulares vencen a finales de año: el de Porta el 26 de agosto y el de Movistar el 29 de noviembre.

La Senatel terminará el proceso de negociación de los contratos celulares hasta el 29 de febrero próximo, allí se conocerá si las operadoras están de acuerdo o no con la valoración y, por tanto, si deciden quedarse en el país.

Después de esa secretaría, el organismo superior que revisará los contratos es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Si ese ente está de acuerdo con el proceso de la Senatel procederán a firmarse los documentos, caso contrario se convocará a un proceso de licitación.