En días pasados se publicó la noticia que el Gobierno ecuatoriano ha decidido dar por terminado (o “denunciar”, según la terminología del derecho internacional) una serie de tratados de protección y fomento de inversiones que tenía suscrito con varios países. La explicación que se dio fue que dichos tratados han tenido poca incidencia en el flujo de inversión extranjera en nuestro país. También se anunció que otros tratados a pesar de ser de igual naturaleza entrarían más bien a un proceso de renegociación y no de “denuncia”. Se debe entender que estos últimos sí tienen un impacto favorable en las inversiones y que simplemente el Gobierno negociará la introducción de ciertos cambios a los actuales tratados.

Lo curioso del anuncio fue que casi todos los tratados que serán denunciados son tratados que el Ecuador tiene suscrito con naciones de igual o menor desarrollo, tales como Cuba y Honduras.

En cambio, los otros tratados que no serán denunciados sino que se procurará llegar a un acuerdo para reformarlos son tratados con naciones de mayor desarrollo, tales como Estados Unidos o Alemania.

Más allá de las virtudes o deméritos de esta decisión –en realidad pocas veces las naciones toman el drástico camino de dar por terminado anticipadamente tratados con naciones amigas–  lo importante es subrayar que lo que acaba de hacer el Gobierno es reconocer que entre las naciones del llamado Sur, es decir, las naciones subdesarrolladas, no existen relaciones económicas significativas.

En general, nuestros socios naturales no son aquellos países igualmente importadores de capital sino los exportadores de inversión. El mismo fenómeno que se da en materia de inversiones, existe en el campo del comercio. Por muchos tratados que se firmen entre naciones relativamente subdesarrolladas lo cierto es que el comercio Sur-Sur es casi irrelevante comparado con el comercio Norte-Sur.

Un enfoque similar no se observa, sin embargo, con respecto al Ciadi, el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial del que forman parte 155 naciones. El Gobierno, siguiendo a pie juntillas a Chávez y Morales, se ha empeñado en evitar la jurisdicción del centro. A tal punto llega este absurdo, que en las renegociaciones petroleras se estaría planteando llevar los potenciales conflictos a otras sedes de escasa experiencia técnica, exponiendo al Ecuador a un riesgo innecesario.

Esta actitud casi infantil carece de sustento. Uno tras otro los estudios empíricos y estadísticos hechos en centros académicos, aceptados inclusive por organizaciones hostiles a la globalización, están desmintiendo el zonzo estribillo de que hay en el Ciadi un sesgo a favor de los inversores. Las cifras son claras: las decisiones están divididas alrededor del punto óptimo de 50-50.

El problema no radica en la sede de los arbitrajes, ni  menos en la institución arbitral, sino en el trato que recibe el inversor. Chile, por ejemplo, recibe muchos más inversionistas extranjeros y ha firmado muchos más tratados de inversión (53) que el  Ecuador (todos con cláusula arbitral), y sin embargo, Ecuador tiene en contra más del triple de demandas internacionales.