2.936 contratos serán regulados por la Asamblea Constituyente con un mandato.

Con el objetivo de racionalizar la actividad minera, el Ministerio de Minas y Petróleos, determinó que solo 590 concesiones de mediana y pequeña minería cumplen con el pago de patentes de conservación y producción, generan  empleo y están en plena actividad extractiva.

Así lo señaló ayer el ministro de Minas encargado, José Serrano, quien explicó que esas empresas metálicas, no metálicas y de materiales de construcción, son las únicas que están en regla.

A las restantes 2.936 concesiones mineras que existen en el país, las regulará la Asamblea a través de un mandato, a menos que se acerquen a renegociar voluntariamente sus títulos como lo han hecho  Aurelian, Ecuacorrientes y la YMC, aunque todavía no existe el nuevo marco jurídico. Dos grupos de técnicos del Ministerio de Minas son los encargados de dialogar con las operadoras.

“Al país no se le puede seguir saqueando todos sus recursos. La minería es una actividad que se ha estado tratando bajo la mesa”. En esa frase resumió Serrano los problemas actuales en ese sector y los que juzgó empezaron con la ley aprobada en el 2000 que no le permite al Estado ejercer ningún control.

El interés del Gobierno sobre las mineras está resumido en el borrador del mandato Constituyente en manos de los asambleístas de PAIS: regalías, controles ambientales, técnicos, económicos, determinar precios referenciales, plazos y sanciones en casos de incumplimientos.

De allí que se cambiará la figura y de concesiones se pasarán a contratos que se entregarán a través de subastas. Se establecerá si un nuevo proyecto realmente generará empleo y si está armonizado con los controles sociales y ambientales vigentes.

Otro parámetro que se quiere incluir en la nueva ley, que estará lista para finales de marzo, es el proceso posminero de un sector; cómo se va a realizar la fase de cierre de la actividad minera con lo cual se determinará qué otras actividades económicas ha generado.

En relación a las regalías explicó que estas tienen dos posibilidades de ser calculadas, sobre la producción bruta o sobre las utilidades netas. A esto se sumará la disposición de la Ley de Equidad Tributaria que obliga a pagos de impuestos cuando los precios de los productos no renovables alcancen precios extraordinarios en el mercado internacional.

En todo caso, primero establecerán los precios referenciales, dijo Serrano, tras lo cual aseguró que “no habrá misterios en el cálculo”.

Por último, indicó que también habrá un control en el número de concesiones a entregarse a un solo propietario, puesto que actualmente el único límite es que un operador no puede tener más de 5.000 hectáreas a su favor, pero una empresa es dueña de más de cien títulos. Esas tierras concesionadas tampoco podrán estar ubicadas en nacimientos de fuentes de agua o en bocatomas de agua para la agricultura.

Dentro del objetivo de imponer requisitos de fondo y no solo formales, la Asamblea sentará las reglas de juego en el mandato y posteriormente irá la ley.