A un primer acuerdo llegaron la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para concretar la extradición de los implicados en los juicios iniciados por la crisis bancaria en 1998-1999 que le costó al país $ 8 mil millones.

Tras una reunión, el presidente de la CSJ, Jaime Velasco, y el fiscal general Washington Pesántez, decidieron integrar una comisión de magistrados y de funcionarios del Ministerio Público para realizar un seguimiento de los juicios bancarios que se tramitan en las cortes del país y reactivar los proceso de extradición.

Con ese propósito ambos funcionarios mantendrán otra reunión con la canciller María Isabel Salvador, a quien pedirán un informe sobre los procedimientos que ha seguido esa institución con otros gobiernos para hacer efectiva la extradición de los ex banqueros.

En el caso Filanbanco, dio a conocer que la Presidencia de la República –en noviembre del 2007–, a través de la embajada del Ecuador en Washington, remitió al Departamento de Estado de Estados Unidos, documentación para impulsar la extradición de los hermanos William y Roberto Isaías.

Pesántez dijo que la respuesta de las autoridades de ese país fue que los documentos no constituían una evidencia del delito de peculado.

Por no estar en firme la prescripción (caducidad) del caso que se sigue en contra de Leonidas Ortega, ex propietario del Banco Continental, Pesántez también pidió celeridad en el trámite de su extradición.

Igual pedido formuló en el caso que enfrenta el ex propietario del Banco La Previsora, Álvaro Guerrero, cuya extradición podría facilitarse, pues ahora enfrenta una orden de prisión preventiva.