La ciudad es el blanco de ataques políticos porque representa el éxito de la autonomía y la libre gestión; la transformación de Guayaquil no se debe a ningún partido político, es una lección de civismo de todos los guayaquileños, ante el centralismo y abandono del Estado, es el resultado del esfuerzo de toda la comunidad, en la que pobres y ricos hemos apoyado a nuestros dos alcaldes: Febres-Cordero y Jaime Nebot. Todo empezó con la administración de Febres-Cordero, que hizo una reingeniería de la administración municipal y tomó la impopular decisión de cancelar a 9.000 pipones, lo que permitió que el 80% del presupuesto municipal se dedique a obras en beneficio de la ciudad.

En la administración de Nebot, las fundaciones municipales han desempeñado un rol importantísimo que permitió acelerar la ejecución de obras, y que en un tiempo récord de ocho años, tengamos obras y servicios de primer mundo como lo es el aeropuerto de Guayaquil, terminal terrestre, Malecón 2000, Registro Civil, recolección de basura, agua potable, regeneración urbana... en una larga lista de obras y servicios que forman parte del Guayaquil de hoy. El descalificar a las fundaciones municipales al comparar los salarios de las fundaciones con el salario del Presidente de la República distorsiona la visión del público, porque el salario del Presidente es un mito, cuando se tiene los gastos reservados que nunca se harán públicos, esto equivale a decir que el salario es la medida del talento, educación y la capacidad de gestión que hizo posible que la magnifica obra de las fundaciones municipales sean una realidad.

La opción que plantea el Gobierno es que sin antes organizar el Estado, le demos un cheque en blanco de una reforma tributaria en que los contribuyentes somos delincuentes mientras no probemos lo contrario, y en que el Estado debe heredar primero que nuestros hijos, y que debemos mantener a 120.000 pipones para que la patria sea de todos, y que el progreso de Guayaquil es una realidad porque el Municipio tuvo la osadía de privar al Estado del 25% del impuesto a la renta generado por guayaquileños, y se descalifique los administradores de las fundaciones municipales que cumplieron con éxito, solo porque ganaron más que el Presidente, que goza de gastos reservados ilimitados. ¿Qué prefieren ustedes, conciudadanos, un cambio como se hizo en Guayaquil en menos de quince años sin incrementar mayormente los impuestos y vemos dónde va el dinero, o pagar por una promesa que a todas luces no se tiene el dinero para cumplirla?

Por esto se arremete contra Guayaquil por ser la aurora de trabajo, eficiencia y autogestión, que se opone al socialismo trasnochado donde su único éxito es cuando reconoce al mercado. Como guayaquileño tengo el deber de decir ¡ya basta! esto no lo vamos a permitir.

Juan Orús Guerra,
Guayaquil

Los ecuatorianos no tenemos ya que trabajar toda la vida con el afán de podernos comprar una vivienda, vivir en ella y dejársela de herencia a nuestros hijos.

La total insensatez de la ley que el Gobierno con sus coidearios quieren imponer sobre el impuesto a la herencia en realidad es una de las cosas más desacertadas e inconsultas que trata de aplicar por medio de los obedientes constituyentes con el temor constante además de que si no lo aprueban puede nuevamente presentar la “renuncia” el Presidente.

En algo todavía podemos tener esperanza los ecuatorianos y esto es que la mayoría de los asambleístas son también padres y madres de familia que en algún momento habrán pensado en dejar alguna herencia a sus hijos. En países más civilizados como: Francia, Italia y Europa en general y otros lugares del norte, ni siquiera existe en la imaginación de sus mandatarios el que se pueda implementar esta clase de impuestos. Pero en el Ecuador, cuyo progreso está por debajo de todos los países de América, donde el año 2007 fue uno de los más desastrosos en economía de la historia republicana, estos pensamientos absurdos y retrógrados priman en la cabeza de nuestros mandatarios.

Édgar Diminich M.,
ingeniero, Guayaquil

Los ecuatorianos no tenemos cultura tributaria, pero en los países a los que emigramos nos convertimos en ciudadanos ejemplares y cumplimos con el pago de los impuestos sin protestar, porque saben que los evasores son castigados severamente. Hoy protestan porque el SRI está implantando que todos los ciudadanos que tienen ingresos tributen, obviamente con sus declaraciones tienen que adjuntar comprobantes como facturas, planillas, etcétera, de servicios y consumo que deben obligadamente solicitar a: profesionales, tiendas, boticas, restaurantes, comisariatos, etcétera, para justificar sus gastos que deben deducir de sus pagos de impuestos.

El SRI debe aceptar, devolver el exceso o rechazar si la declaración no es correcta y castigar al evasor, de esta forma se tendría un control tributario, imposición que sería la base para controlar los evasores a contribuir para el inicio de una nación digna y respetada y no envidiar a países que visitamos.

No se debe obligar a pagar impuestos a los establecimientos educativos de ricos, pero sí a becar a niños pobres que sean meritorios por su rendimiento intelectual, sean indios, negros o mestizos.

Héctor García Rivera,
Guayaquil

Las dudas que pudiere tener el Presidente de la República sobre la idoneidad o legitimidad de determinadas fundaciones, no puede servir como pretexto para descalificar a priori, a las instituciones que constituyen el nervio y el alma del progreso de la ciudad.

Porque la cura de una llaga en el tejido social no se la realiza cercenando todo un miembro, sino aplicando la medicina correcta, con la asepsia de la templanza contra la anticristiana maledicencia.

Cuando el Gobierno demuestre que ha construido hospitales, colegios, aeropuertos, terminales, etcétera, en la provincia del Guayas, estaríamos de acuerdo en que es capaz de administrar con eficacia, de lo contrario es inadmisible.

Por fin, en las crónicas futuras de la ciudad y en las memorias de su historia se inscribirá el gobierno del presidente Rafael Correa como el demoledor de las instituciones guayaquileñas o un renovado período de su florecimiento por el impulso brindado por él a su desarrollo.

Manuel Ojeda Fuentes,
licenciado, Guayaquil

Criticable es ver la actitud de ciertos empresarios, municipios y la élite social, que marchan hacia Ciudad Alfaro para cuestionar los alcances que pudiera tener una Ley de Equidad Tributaria, que según ellos los impactaría en el sector más débil de la economía ecuatoriana (los pobres). Yo me pregunto, ¿en que perjudicaría la ley tributaria en cuestión, a un pobre que no tiene un capital para adquirir un auto de lujo? ¿O que sus ingresos anuales no llegan ni en sueños a la base imponible a gravar por concepto de impuesto a la renta? ¿En que afectaría a su canasta de víveres la subida de los licores, cervezas y tabacos? ¿Un pobre posee tierras improductivas a parte de las que tiene en las uñas de sus manos trabajadoras? Durante casi treinta años el sector empresarial y los ahora opositores, que por cierto son minoría, vivieron de la bonanza y evasión de impuestos en aquellos gobiernos títeres de turno. Por que no alzaron su voz de protesta y se rasgan las vestiduras con la misma pasión desmesurada cuando el precio del gas o la gasolina subía estrepitosamente en gobiernos anteriores? Por dicha ley se pretende descalificar al Presidente, tachándolo de dictador. ¿Acaso un dictador gana abrumadoramente dos veces consecutivas las elecciones? Ecuatorianos, no se dejen manipular por políticos bravucones en decadencia que solo buscan que su statu quo no sea vulnerado. Aquí es cuando cabe la frase del Quijote: “Si los perros ladran es señal de que estamos avanzando”. La aceptación o no de la nueva carta magna depende de quienes sí gozamos de una verdadera libertad de expresión, y que es demostrada en las urnas o al publicar cartas como esta.

Raúl Marcelo Peñafiel Tixe,
abogado, Guayaquil

El hecho de que en los países ricos se paguen más impuestos no significa que pagar más impuestos en países pobres como el nuestro implique desarrollarnos más como nación. Los países ricos o desarrollados llegaron a ser tales porque sus gobiernos pensaron al revés de cómo piensan nuestros gobernantes, es decir, ellos primero crearon las condiciones necesarias para generar una mayor productividad económica como creación de fuentes de trabajo, compensación en impuestos para quienes generen fuentes de trabajo, facilidad de crédito, bajas tasas de interés, estabilidad jurídica con claras reglas de juego para inversionistas, incentivos para el ahorro, regulación antimonopolio de mercados, estabilidad laboral entre un conjunto de parámetros que no hacen otra cosa que generar el poder adquisitivo suficiente para soportar luego un incremento en sus impuestos para solventar a su vez un incremento de los gastos del Gobierno.

En un país desarrollado el Gobierno puede cobrar más impuestos porque ya se ha generado riqueza suficiente como para que sus ciudadanos la puedan pagar por medio de más impuestos. Un ministro de finanzas de Taiwán en la década de los setenta decía que solo cuando aumenta la prosperidad de una nación, la gente puede permitirse el lujo de pagar más impuestos. Pero ni aún en países ricos nuevos impuestos son bienvenidos por sus ciudadanos si recordamos la rebelión sueca contra impuestos al final de los setenta o en EE. UU. al final de los sesenta.

Señor presidente, usted es economista y jefe de Estado de un país pobre, porque pobre ha sido su administración desde 1830. No cometa los mismos errores conceptuales y en lugar de subir impuestos, persiga a los evasores de impuestos, amplíe el universo de contribuyentes y, por Dios, genere más fuentes de trabajo y cree condiciones sustentables de desarrollo, pues solo así saldremos adelante.

Marco Orellana Román,
ingeniero, Guayaquil

No es social confeccionar y privatizar a través de empresas privadas creadas con fondos públicos, los servicios y recursos naturales del país, hacerlo, significa desmantelamiento y reparto del Estado y de sus instituciones, cometiendo un enriquecimiento ilícito por parte de los políticos y allegados que financiaron campañas políticas, no se puede concesionar y privatizar la propiedad, recursos y fondos que son del Estado y le pertenecen al pueblo por derecho de nacimiento; ya que el país es de todos los que hacemos patria y pedimos justicia social y económica.

Con Asamblea Constituyente o sin ella, debe haber función social en un Gobierno nacional y seccional serio y responsable, sin que se confunda lo social con lo demagógico y lo politiquero, que tiene confundida a la ciudadanía que solo ve peleas y discusiones de los políticos y gobernantes, sin solucionar ningún problema social y familiar de fondo, tener el poder no significa hacer mal uso de él perjudicando a muchos necesitados y beneficiando a los mismos grupos familiares, empresariales y uniformados de siempre como si fueran los dueños del país.

César López Iturralde,
doctor, Guayaquil

El ordenamiento vial aplicado a las cooperativas con terminales en el centro de la ciudad concluye en 1985, cuando la CTG inaugura la Terminal de pasajeros Dr. Jaime Roldós Aguilera. Construida a orillas del tramo final del río Daule y a  800 m del puente de la Unidad Nacional. Concentra todo el transporte de pasajeros de y hacia cantones y  provincias en el ruta Guayaquil-Durán con el país.

Vistos desde una perspectiva exterior: esta mole de hormigón tiene una puerta para salida e ingreso de buses, por la fachada que mira al río cruza la Benjamín Rosales; vía única, de  acceso vehicular, la fachada posterior que da al aeropuerto es de rigor.

El tráfico que produce la concentración de cooperativas en un solo lugar es intenso, satura la vía produciendo prolongados congestionamientos y malestar de la gente.

En el 2005 la Fundación Terminal Terrestre, sin fines de lucro, con visión mercantil, basada en la concentración de gente, ejecuta al edificio obras de  remodelación y aumento por 35’000.000 de dólares. Concluida la obra es un gran edificio de negocios. La ordenanza municipal que prohíbe el tránsito por el puente siente el usuario que es ¡inflacionaria!, afecta su dinero y comprende una hora más de viaje.

Planificar el equipamiento urbano de terminales, puentes etcétera, corresponde a un solo proyecto diseñado por un organismo nacional de tránsito para que funcione y dé servicio al interés nacional. Esto reafirma la necesidad de otra terminal terrestre.

Johnny R. Sampedro  C.,
arquitecto, Guayaquil

Durante más de cuatro años he insistido ante los gobiernos de Gutiérrez, Palacio y ahora de Correa, para que la nueva refinería de crudos sea construida en la parroquia Atahualpa y su terminal marítima en Monteverde (provincia de Santa Elena). Estudios realizados durante el régimen del Dr. Jaime Roldós (1981) indican que esos sitios son estratégicos por razones técnicas, operativas y de costos.

En el 2003, expertos de Petroecuador realizaron los estudios de prefactibilidad determinando la capacidad de la planta en 200.000 b/d  (barriles diarios) y a un costo de 2.500 millones de dólares, con participación de inversionistas extranjeros interesados en este megaproyecto. Solo faltaba la decisión y la consiguiente firma del Ejecutivo.

En abril del 2005, siguiendo con su politiquería barata y demagógica, Gutiérrez concede este proyecto a Jaramijó (Manabí) ¿Y dónde estaban los diputados del Guayas, el Prefecto, los ciudadanos “ilustres” y demás autoridades para defender esta obra en la Península de Santa Elena?

En agosto pasado, aprovechando uno de los famosos “estado de emergencia petrolera” (que elimina la licitación internacional), el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo para hacer los estudios y construir la nueva refinería en algún lugar de Manabí, a un costo de 5.000 millones de dólares, con capacidad de procesar 300.000 b/d, con la condición de ser socio: 60% participación para Ecuador y 40% para Venezuela.

Desde esa fecha hasta hoy no hay noticias. Todas se manejan en secreto. ¿Acaso las autoridades petroleras nacionales y venezolanas todavía siguen “buceando” por las costas manabitas buscando el sitio ideal para construirla? Esto es el resultado de la demagogia de Gutiérrez, la incapacidad de Palacio y el amiguismo de Correa.

Mientras tanto los perjuicios para el país han sido devastadores. Los ingresos por ventas de crudo se han diluido por las excesivas y crecientes importaciones de derivados. Los niveles de pobreza se mantienen y el número de emigrantes aumenta. Los gobernantes no aprovecharon la coyuntura de altos precios del crudo.

El sueño de Jaime Roldós y de los peninsulares ha sido burlando por acción y omisión de politiqueros y demagogos y también por nuestra apatía por no defender vehementemente lo nuestro.

Enrique Rosales Ortega,
Santa Elena