Una encuesta de Cedatos da cuenta de la dualidad que enfrenta la población. El 59% de los consultados (1.167 personas en diez ciudades del país, entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre) considera que la Asamblea Constituyente, instalada el pasado 29 de noviembre, “asumió poderes dictatoriales al dictar resoluciones fuera del estatuto aprobado en consulta popular el 15 de abril y haber cerrado el Parlamento”.
Sin embargo, el 62% aprueba, en general, sus primeras actuaciones y el 52% respalda que se pueda destituir a cualquier persona, como ocurrió con el Fiscal y el Superintendente de Bancos, cuyos reemplazos –Washington Pesantes y Gloria Sabando– fueron propuestos por el presidente Rafael Correa, admitieron asambleístas de Acuerdo PAIS.
Polibio Córdova, director de Cedatos, dice que, si bien los índices de aprobación de la Asamblea son altos, no corresponden al 82% que obtuvo la consulta de abril. “La Asamblea tiene el reto de mantener su credibilidad que hoy llega al 52%, más baja que la del presidente con el 62%”.
PAIS –que llegó al Gobierno sin presentar candidatos para el Congreso y con la Asamblea como principal oferta de campaña– dice que hay una contradicción entre los artículos 1 y 23 del estatuto que el propio régimen redactó –aprobado en consulta con el 80% de votos– y que debía normar el funcionamiento de la Constituyente. Ese es, hasta ahora, el principal punto de discordia entre gobiernistas y la oposición, pues –según este último sector– se irrespetó el texto aprobado en las urnas.
El primer apartado señala que “la transformación del marco constitucional y la nueva Constitución solo entrarán en vigencia con la probación, en referéndum, de la nueva Constitución”. El artículo 23 indica que una vez aprobada la nueva Constitución se convocará a un referéndum para que el pueblo la apruebe o rechace. Como no se dice nada sobre las reformas al marco institucional surge la polémica.
Para los asambleístas Mae Montaño (UNO) y Pablo Lucio Paredes (MFY), no existía ninguna contradicción, aunque Virgilio Hernández (PAIS), presidente de la Comisión de Plenos Poderes, se mantiene en esa posición. “En todo caso, a la misma Asamblea le correspondía interpretar, pero la oposición de manera alegre se olvida del artículo 23”, afirma Hernández.
Para León Roldós (RED), más importante es la instauración de mandatos constituyentes. “Si la Asamblea asumió la competencia legislativa, que entonces esa sea la vía, debe actuar por intermedio de leyes que puede expedir y no por estos mandatos ‘supralegales’ que se toman por decisión de la mayoría (...) Es una forma dictatorial de actuar que nada abona al orden jurídico”.
Pero ya desde la campaña presidencial y en el ejercicio del poder, el Gobierno se ha movido entre dos discursos, dice Montaño. El 6 de abril, por ejemplo, días antes de la consulta que definiría la instalación de la Asamblea, defendió la permanencia del Congreso. “La Asamblea, que debe ser de plenos poderes, no debe disolver el Congreso, lo que sí puede es limitar las funciones”, aseguró Correa, pero días más tarde –cuando ganó el Sí en la consulta– repitió que todos los diputados deben irse.
El Tribunal Constitucional (TC) –cuyo presidente, Patricio Pazmiño, militó en PAIS e, incluso, integró la comisión que redactó el estatuto– determinó, el 5 de julio, que el límite de la Asamblea sería la redacción de la Constitución. Los plenos poderes –estimó– no incluyen la facultad para designar funcionarios o dictar leyes, pues sería arbitrario y concentrador del poder. En la práctica, ocurre.
Pero Hernández señala que, pese a que algunas decisiones tienen vigencia inmediata, como el cambio de autoridades de control, en caso de ganar el No en el referéndum de la nueva Constitución, las cosas vuelven a su curso. Para explicarlo, echa mano de un escenario que al 82% que respaldó el cambio podría resultarle tenebroso. “No significará el regreso de los mismos funcionarios. Significará que si, en el supuesto no consentido, la gente prefiere quedarse con la Constitución de 1998, la partidocracia tendrá que volver a escoger a sus autoridades con los métodos que instauró”.
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