Más de  190 millones de personas, es decir, el  2% de la población mundial, viven y trabajan en un país distinto del que son originarios.

 Así lo afirma el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas que ayer comenzó su séptima sesión, que durará hasta el próximo viernes.

El comité está compuesto por diez expertos independientes y se encarga de controlar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de los miembros de su familia.

Ecuador en análisis
Durante  esta séptima sesión, los miembros del comité examinarán el informe sobre Ecuador, cuya valoración se  espera sea conocida el próximo viernes.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de los miembros de su familia fue adoptada el  18 de diciembre de  1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas y entró en vigor el primero de julio del  2003.

Su objetivo es impedir la explotación de los trabajadores migrantes, tanto en el país de acogida como en el de origen, sean estos regulares o no.

La Convención impide que sean expulsados colectivamente, que sean tratados de manera menos favorable que los nacionales en materia de remuneración, y les asegura el derecho a la sindicalización, entre otros aspectos.