La policía se retiró de Sucre, capital histórica de Bolivia y sede de la Asamblea, por falta de garantías tras la destrucción de sus cuarteles y la muerte de uno de sus miembros.

La súbita aprobación de una nueva Carta Magna por el oficialismo sin contar con la oposición y en un liceo militar, fue la chispa que llevó a la violencia tras quince meses de tensiones de una Asamblea Constituyente, que desde su inicio mostró las profundas divisiones políticas en Bolivia.

Las protestas han cobrado hasta este lunes cuatro muertos; dos universitarios, un abogado y un policía ejecutado por la turba, en medio de saqueos e incendios.

Un joven que estaba en coma murió esta mañana, elevando a cuatro la cifra global de muertos en la ciudad boliviana de Sucre en medio de violentos enfrentamientos con la Policía durante el fin de semana.

El presidente Evo Morales validó la Carta Magna, pero la oposición la rechazó porque ignoró a medio país y fue aprobada “bajo fusiles” y con “sangre en las calles”.

En un cuartel militar y sin la presencia de la oposición se aprobó nueva Carta Magna.

Tres muertos y un escenario de violencia, furia y saqueos generalizados dejaban hasta ayer en Sucre, capital de Bolivia y sede de la Asamblea Constituyente, choques entre la fuerza pública y universitarios que protestan contra una nueva Carta Magna aprobada la noche del sábado sin la presencia de la oposición y en un recinto militar.

Sucre exige además a los asambleístas incluir en la nueva Constitución el retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo, actualmente en La Paz.

Un médico del hospital Santa Bárbara informó que un joven universitario aún no identificado murió ayer por el impacto de un granada de gas en el tórax.

El sábado, Gonzalo Durán, abogado de 29 años, murió de un disparo en el pecho y en la madrugada de ayer el policía Jimmy Quispe Carazas    “fue secuestrado y luego  ejecutado” por una turba, según el comandante general de Policía de Bolivia, Miguel Vásquez, quien ordenó el repliegue de sus efectivos “hasta que den las garantías correspondientes”.

Además hay 130 heridos, uno de ellos descrito en estado de “coma profundo, que se debate  entre la vida y la muerte”.

La Fiscalía General, con sede en Sucre, expidió una orden de  detención contra los jefes policiales, por delitos de “homicidio y lesiones graves”.

Los 147 miembros de la Asamblea fueron evacuados sanos y salvos del recinto en una operación por la madrugada, dijeron medios locales, mientras que cientos de campesinos y sindicalistas afines al gobierno que habían llegado desde La Paz para proteger las deliberaciones se retiraron en buses hacia la ciudad de Potosí.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, atribuyó a “dirigentes y autoridades de Sucre,   en consonancia  con oscuros intereses de la derecha y la oligarquía, haber incitado a la violencia para frenar los cambios que busca el gobierno”.

Los universitarios se enfrentaron armados de piedras, palos, cocteles molotov y dinamita con la policía y el ejército.

“¡Nos están disparando otra vez, nos quieren matar los policías!”, señalaron llorosas madres de familia a emisoras de esta capital, donde Bolivia se fundó en 1825, que piden con ruegos el retorno de la paz y que señalaron que los enfrentamientos  no solo se registran en la céntrica plaza de Armas, sino en toda la ciudad.

El presidente del Comité Interinstitucional de Sucre, Jaime Barrón, afirmó que se extreman esfuerzos para pacificar la ciudad, donde periodistas sufrieron agresiones de todos los bandos, incluso de la policía.

El fotógrafo Aizar Raldes, de la AFP, periodistas del diario El Deber de Santa Cruz, el de mayor tiraje del país, y de la televisora  privada PAT fueron agredidos por policías que los amenazaron de muerte y obligaron a refugiarse en una casa particular.

Además, la periodista hispano-británica de la BBC, Lola Almudevar, murió y el reportero español Eduardo García Gil, de la agencia Reuters, resultó herido en un accidente cuando viajaban hacia Sucre.