La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori (Pachakutik), se consideraba una de las principales luchadoras para que el presidente Rafael Correa llegue al poder. Hoy se constituye, en cambio, en la mayor crítica del Mandatario en la región amazónica.

“El gobierno de Correa tiene un doble discurso. Este no va paralelo a los hechos; eso ha decepcionado a las provincias petroleras, que con tanto ñeque y decisión le apoyamos con la fe de que iba a provocar un cambio en las políticas petroleras y cuidar los recursos naturales y la interculturalidad”, dice la funcionaria.

Aquel cambio se da porque Correa vetó parcialmente hace una semana las reformas aprobadas por el Congreso en la Ley 010, que dispone un aumento de 0,50 a 1 dólar por barril de petróleo en favor de las provincias orientales.

El Mandatario eliminó un artículo que determinaba que el 15% del total de ingresos se reparta entre Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, productoras de petróleo. El Jefe de Estado determinó que todas reciban en partes iguales. Así, la mayor beneficiada sería Morona Santiago, que de 8,3 millones de dólares  al año recibiría 10,5 millones, mientras Orellana de 12,6 millones pasaría a recibir 8,8 millones.

¿Cómo principalmente les afecta el veto presidencial?
En los recursos. Queríamos tener fondos para paliar en parte todos los impactos que hemos sufrido durante años, incluso la marginación y olvido que ha vivido Orellana. Es penoso   que no haya el reconocimiento del gobierno de Correa y, por qué no, del resto del país. A nosotros nos duele sobremanera haber apoyado tanto al Presidente para que ahora nos haya marginado.

¿Por qué se sienten marginados?
Si bien acá llegó un gabinete itinerante, donde se nos dijo que querían concertación y que no haya paros, pero esa concertación no ha habido en nuestra provincia. Más bien nos están acorralando, nos están obligando a ir a medidas de presión que ha sido el diario común de esta provincia. Hasta ahora tenemos como 800 derrames de petróleo y estamos contaminados hasta las narices y no hay ningún tipo de consideración.

Pero la oferta del Mandatario se ha cumplido. Se subió de 50 centavos a 1 dólar por barril de petróleo para la región amazónica. ¿Qué es lo que reclaman?
No es justo que de los 93 dólares que cuesta el barril, se nos dé un mísero dólar. Nos sentimos orgullosos de compartir el petróleo con todo el país, pero ciertamente necesitamos un trato especial, una recompensa a todo el daño que sufrimos.

¿No se hace justicia al repartir equitativamente ese dólar en toda la Amazonía?
Queríamos un trato de justicia y de derecho para con las provincias que estamos generando riqueza y nos quedamos con todo el daño ecológico. Orellana tiene el 60% de la producción petrolera; Sucumbíos, con el 32%, y el 7% de Napo y Pastaza. Pero Zamora y Morona tienen más cantones que los nuestros y se llevan más dinero que nosotros, sin sufrir ningún daño.

¿Ellos llevan más?, ¿por qué?
Nosotros tenemos cuatro cantones, y Morona Santiago tiene doce; Zamora Chinchipe, nueve cantones. Eso hace que para cada municipio se entregue más dinero.

¿Cómo se cambia en concreto el decreto?
Se había hecho justicia en el Congreso, con las provincias que generamos petróleo. Pero se vetó y rechazamos. No quiere decir que no seamos solidarios con las provincias que no producen. Del mísero dólar, el 60% se divide en partes iguales, el 20% por número de habitantes, el 5% iba para el Ecorae y el 15%, por justicia, iba a las provincias que producen y que están sufriendo las consecuencias.

Ahora el Presidente nos quita ese 15% porque él nos odia a las dos provincias que más producen (Orellana y Sucumbíos) y se nos hace daño.

Pero el Presidente dirá que el petróleo es de todos y no solo de la provincia de Orellana, que hay que ser solidarios. ¿Por qué reclamar?
Estamos conscientes de que el petróleo es de todos, pero el país y el mundo tienen una deuda con Orellana y Sucumbíos, especialmente una deuda social y ecológica por la contaminación ambiental.

La mayor parte de los ríos que existen en esta provincia están contaminados, nosotros no tenemos agua para tomar, al menos eso era de que le haga reflexionar al Presidente de la República.

¿Piensan   realizar medidas de hecho?
Tenga la certeza que sí. El Consejo en pleno ha solicitado a la prefecta que cite a una asamblea provincial y comunique esta decisión presidencial tan negativa. Nos da mucho dolor pero lucharemos por vivir en un ambiente sano y sin contaminación.