Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Unidad de Investigaciones Especiales,  agentes de Criminalística y autoridades locales investigan desde el viernes pasado presuntas irregularidades en la subjefatura de esta ciudad.

Para ello, doce uniformados del GIR ingresaron a las instalaciones de la entidad y desalojaron a los usuarios que canjeaban sus licencias y las matrículas de sus vehículos. Luego se le receptó la declaración a cada uno de los empleados.

La medida se tomó ante las denuncias presentadas  por   usuarios de esa institución en la Comandancia General de Policía, en Quito, por corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito  y estafa.

Uno de los afectados, Giovanny Yépez Calderón, denunció que el pasado miércoles matriculó su motocicleta. “Todo iba bien hasta que un cabo de apellido Flores me pidió 5 dólares por darme el certificado de impronta”, indicó Yépez.

El usuario explicó que el uniformado le rompió el documento cuando se negó a pagar, pues el trámite era gratuito.

Yépez se quejó ante los superiores del gendarme, y un teniente de apellido Cazares recriminó al uniformado.

Niegan acusaciones
El cabo Flores negó las acusaciones del usuario y refirió que le cobraba ese valor porque la moto no tenía luces de parqueo ni retrovisores.

Yépez argumentó que en esa mañana   observó que se matricularon unos 30 vehículos y sus propietarios cancelaban 5 dólares por la impronta.

Se conoció en forma extraoficial que están emitidas las boletas de captura para ocho personas y que en Quito se encuentra detenido el subjefe de tránsito, mayor Héctor Viteri.

También se dijo que existe una orden de captura para el jefe de tránsito de la ciudad  de Babahoyo, coronel José Alonso Hidalgo.

Una fuente, que no se identificó, confirmó el cobro de dinero para la obtención de las licencias. Dijo que  a más de pagar el valor de la especie, se tiene que dar plata por el examen visual, de conducción, digitación, multas y fotografías.