Los jóvenes reagrupados en España  deben tener contrato de un año, que es difícil lograr.

Luis Villacrés, un guayaquileño de 18 años que hace seis llegó a España gracias al proceso de reagrupación familiar, recibió el permiso de residencia, como todos los reagrupados, pero ahora que ha cumplido la mayoría de edad no está autorizado  a trabajar.

Esa es la historia de todos aquellos ecuatorianos que arribaron a España siendo niños o adolescentes y que tras realizar sus estudios se encuentran condenados al desempleo.

“Acabé la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) a los 16 años y actualmente estudio computación a través de los grados de formación profesional. Pero no puedo trabajar de manera legal y prácticamente me encuentro aislado en esta sociedad”, comenta Villacrés.

El joven explica que labora sin contrato, algo que es ilegal en España, y por su situación no puede prosperar en este país. “No puedo acceder a un crédito porque me piden una nómina. Tampoco puedo comprar a crédito, porque al no trabajar no tengo respaldo financiero. No puedo hacer nada”, dice.

De los 397.430 ecuatorianos que residen legalmente en España, 61.007 tienen menos de 16 años, es decir que no cuentan con un permiso de trabajo. La única forma de disponer de él es que una empresa realice una oferta laboral al joven y que corra con todos los trámites.

Mínimas oportunidades
La guayaquileña Norma Falconí, portavoz del grupo Papeles para Todos, sostiene que es difícil que una empresa ofrezca un trabajo a un joven. “Según la ley, este debe firmar un contrato de un año para trabajar a tiempo completo. Pero eso no lo consiguen ni los  españoles, porque las ofertas para ellos son contratos de 3 y 6 meses”.

“Son las contradicciones de la ley, porque no es justo que los chicos tengan un permiso de residencia y no estén autorizados a trabajar.
¿Qué quieren que hagan los chicos? De ahí todos los problemas sociales que se están produciendo en la sociedad”, recalca Falconí.

Villacrés no está de acuerdo con la iniciativa del gobierno catalán de desarrollar un plan de inserción laboral, porque jóvenes como él se han educado en colegios de Barcelona y actualmente cursan una formación profesional o carrera universitaria. “Yo quiero trabajar, pero no de camarero o en el sector de la restauración. Estudio computación y quiero vivir de mi profesión”, expresa.

Para Norma Falconí, la única solución al problema radica en la concesión del permiso de trabajo en el momento que se expiden los permisos de residencia. “No me pueden decir que puedo vivir aquí, pero que tengo prohibido trabajar”, indica.