La localidad se convertirá en el cantón número 23 de la provincia de Manabí.

El Congreso Nacional aprobó ayer un nuevo cantón, esta vez San Isidro de Muchique, en la provincia de Manabí, en medio de una manifestación de respaldo a los diputados por parte de un centenar de manabitas.

Mientras los legisladores daban curso al surgimiento del nuevo cantón, en las afueras del Parlamento otro grupo de personas, que portaba banderas negras, gritaba en contra de los congresistas por haber aprobado la cantonización de La Concordia y pedían la consulta popular para determinar en las urnas a qué provincia quiere esa localidad pertenecer: a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Tsáchilas.

Cantón 23
San Isidro de Muchique se convierte de esta forma en el vigésimo tercer cantón de Manabí, tendrá como cabecera cantonal a San Isidro y estará integrado por la parroquia del mismo nombre y las demás que se lleguen a crear.

Su administración estará a cargo de la municipalidad de Sucre hasta que se elijan nuevas autoridades, para lo cual el Tribunal Supremo Electoral tendrá un plazo de tres meses para convocar a elecciones de alcalde y concejales.

En la ley se determinó que en el presupuesto del 2008, que próximamente aprobará el Congreso Nacional, deberá incluirse una partida presupuestaria que financie la ejecución de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario de la nueva jurisdicción de San Isidro.

El Ministerio de Economía, a partir de la posesión de las nuevas autoridades, transferirá en forma proporcional los recursos que le correspondan por concepto de aplicación de la ley de distribución del 15% del presupuesto del Gobierno central a los gobiernos seccionales.

Las empresas y unidades educativas, vías y demás procesos administrativos, a cargo del municipio de Sucre, que actualmente desarrollan su gestión o se cumplen dentro del territorio de San Isidro, pasarán a la jurisdicción del nuevo cantón, incluidos los activos, pasivos, funcionarios y trabajadores.

Se informó que el proyecto de cantonización aprobado por el Parlamento pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto, para lo cual tendrá un plazo de diez días.